Torrado, en una rueda de prensa.

- El presidente de la Autoridad Portuaria; el director del puerto, César Ansorena; y el abogado Luis Morales deberán declarar el próximo mes ante el Juzgado como imputados por una denuncia de la Asociación de Usuarios de la dársena

- La acusación entiende que los responsables institucionales no han actuado como debieran para obligar a la concesionaria a cumplir el Pliego de condiciones de su concesión

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Torrado; el director del puerto, César Ansorena; y uno de los abogados de la institución, Luis Morales, están citados a declarar el próximo mes diciembre en calidad de imputados por un presunto delito de prevaricación ante el Juzgado que instruye la denuncia presentada hace más de un año por la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo, según han informado fuentes judiciales a Ceutaldia.com.

El grupo acusa a los responsables de la Autoridad Portuaria de haber permitido a la concesionaria de la gestión de la dársena deportiva, la empresa 'Mahersa', incumplir “sistemáticamente” el Pliego de condiciones redactado en 2005 que rige la concesión, comportamiento por el que también pidió en su querella original que se les imputase un supuesto delito de malversación de caudales públicos, reivindicación que al menos de momento no ha sido atendida por el juez.

'Marina Hércules S.A.' se hizo cargo de la concesión demanial para un periodo de 30 años de la gestión del Puerto Deportivo de Ceuta a primeros de mayo de 2006 después de que la Autoridad Portuaria tuviese que convocar hasta en tres ocasiones el correspondiente concurso público, al que finalmente fue la única concurrente después de que otros interesados considerasen "inviable" su rentabilidad en los términos establecidos legalmente (415.000 euros de tasas) y atendiendo a la realidad del puerto local.

Apenas tres semanas después de hacerse cargo de la dársena, los usuarios denunciaron públicamente que el nuevo cuadro tarifario propuesto por 'Mahersa' (a cuyo frente figuran José Manuel Ávila, número 25 de la candidatura del PP el pasado 22 de mayo, y Aurelio Puya, cuñado del presidente Vivas) alcanzaba incrementos de precios de un 30% cuando, según su criterio, las bases del concurso impedían subir las tarifas más de un 10%. La empresa alegó que los mejores precios conllevarían mejores servicios.

Desde entonces, los conflictos no han hecho más que crecer. En 2007 estallaron las críticas de los usuarios por carecer de grúa y porque se "amontonasen" los barcos en los pantalanes, así como por el cobro de servicios "que no se prestan". En enero de ese año ya se señaló a la Autoridad Portuaria como responsable última por "no tomar cartas" en asuntos como el uso comercial del aparcamiento que rodea la lámina de agua del Puerto Deportivo "cuando el Pliego de condiciones estipula que es de uso exclusivo de usuarios y personal autorizado", entendían los denunciantes.

El cobro del suministro de agua, penúltima disputa

A principios del año pasado, cuando el tema llegó al Contencioso-Administrativo, la retirada de varios buques "sin atender al Pliego de condiciones" por otro enfrentamiento a cuenta de las tarifas a abonar, llevó el conflicto al borde del choque físico. Este ejercicio arrancó con otra disputa, en este caso a cuenta de la ‘tarifa plana’ aplicada por la adjudicataria para cobrar el abastecimiento de agua a los usuarios.

Tanto el presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado, como la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo, que este jueves tiene prevista una reunión de su Directiva para consensuar sus próximos pasos, han rehusado hacer declaraciones a este medio sobre el proceso judicial que ha derivado en la imputación por prevaricación de Torrado, Ansorena y Morales.

El Código Penal describe el delito de prevaricación como aquel por el que se puede condenar "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo". El de malversación es aquel que se prevé para los mismos sujetos cuando, "con ánimo de lucro, sustrajeren o consintieren que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones".

- Lea el Pliego de condiciones de la concesión de la gestión del Puerto Deportivo