En cuestión de cinco horas se generan dos decretos, un informe jurídico, otro técnico y otro policial que acaban con quienes residían allí fuera de la vivienda, mientras negocian dejarlas definitivamente, sin saber si el informe patológico encargado por la Administración podría permitirles en el futuro volver. Mientras, el Gobierno asegura que mandó parar la obra cuando la promotora alertó de que las casas podían encontrarse en estado de ruina y que los técnicos inspeccionaron el estado de la edificación antes de dar la licencia de demolición.
Uno de los afectados que ha tenido que dejar su hogar, al considerarse que las obras de demolición realizadas en la parcela colindante ponen en riesgo la seguridad de su casa, ha sido recibido por el presidente de la Ciudad: "Aseguró que van a investigar por qué se iniciaron los trabajos estando allí nosotros, sin avisarnos"
