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'Los Albertos' retiran su demanda contra el Estado por el 'caso Urbanor'

Los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer han decidido retirar una demanda presentada contra el Estado, al que reclamaban una indemnización de 4,64 millones de euros por los daños que les causó una polémica condena por el caso Urbanor, anulada más tarde por el Tribunal Constitucional por considerar prescritos los delitos que se les achacaban.

«Los Albertos» retiran su demanda contra el Estado por el «caso Urbanor»

Los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer han renunciado a pedir al Estado una indemnización de 4,64 millones de euros por los daños morales y económicos que les causó la condena del caso Urbanor, anulada por el Tribunal Constitucional por considerar prescritos los delitos que se les achacaban. Según fuentes jurídicas, los dos primos han dado instrucciones a sus abogados para que renuncien pedir la indemnización "por los daños y perjuicios injustos causados por el anormal funcionamiento de la administración de Justicia", solicitud presentada el 25 de junio. Según un comunicado facili...

Los Albertos renuncian a pedir al Estado 4,64 millones por daños por el caso Urbanor

Los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer han renunciado a pedir al Estado una indemnización de 4,64 millones de euros por los daños morales y económicos que les causó la condena del caso Urbanor, anulada por el Tribunal Constitucional por considerar prescritos los delitos que se les achacaban.
       Según fuentes jurídicas, los dos primos dieron hoy orden a sus abogados de retirar la demanda de responsabilidad patrimonial que presentaron el 25 de junio pasado ante el Ministerio de Justicia.
       "Los Albertos" argumentaban que, desde que el Tribunal Supremo confirmó su condena en marzo de 2003 por el "caso Urbanor" hasta que el Constitucional la anuló en febrero de 2008, han sufrido numerosos perjuicios que exigen reparación, ya que existió un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
       La demanda recibió ayer un informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial, que es preceptivo en todas los casos de demandas de responsabilidad patrimonial del Estado por mal funcionamiento de la administración de justicia.