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CDC acusa al PSC de destinar dinero público para financiar su fundación

barcelona- El escándalo por el fraude en el Palau de la Música no se desarrolla a nivel judicial, sino también a nivel político. Convergència Democràtica quedó en el centro de la polémica la pasada semana cuando trascendió que su Fundación afín, la Trias Fargas, recibió 630.000 euros de la centenaria entidad que presidía Fèlix Millet. El PSC ha intentado relacionar cuanto ha podido a la formación nacionalista con oscuras maniobras de financiación, aunque CDC dice estar muy tranquila porque todas sus prácticas, insisten, son «legales». Ayer, Convergència pasó al ataque e intentó poner en entredicho la actuación del PSC para sufragar los gastos de su Fundación.
El secretario general adjunto de Convergència, Felip Puig, se mostró sorprendido porque la Trias Fargas sea objeto de suspicacias, ya que, subrayó, siempre se ha financiado de «forma correcta y legal, cuando otras como la socialista se ha financiado prácticamente al 100 por 100 con dinero público», lo que consideró una conducta «propia de países banareros». Puig quiso resaltar que la Fundación afín a Convergència recibe una gran cantidad de recursos procedente de empresas y otras instituciones distintas a las administraciones públicas y que, por tanto, ese dinero no sale del bolsillo del contribuyente.
En suma, lo que hizo el dirigente nacionalista fue cuestionar que el PSC, que controla la mayoría de administraciones en Cataluña (diputaciones, Generalitat y ayuntamientos) destine recursos públicos para mantener al día las actividades de su Fundación Rafael Campalans.
Quien también terció en el asunto de la financiación de las organizaciones políticas fue la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, que reclamó «abrir un debate serio» sobre las ayudas públicas a los partidos. «Todas las informaciones surgidas en torno al “caso Millet” confirman que todos los controles sobre subvenciones públicas han fracasado», dijo. Y añadió: «Pedimos a los partidos políticos y, en especial, a CDC que den toda la información sobre las donaciones recibidas tanto en el caso del Palau como por parte de empresas constructoras (en alusión al escándalo del 3 por ciento).
Muy distinta fue la opinión del conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, quien lejos de lamentarse por el control público de las cuentas del Palau de la Música, defendió su rigor. Nadal comentó que las auditorías se realizan para ver si las cuentas están bien hechas y si éstas «engañan» es la Justicia la instancia que debe investigarlas.
 

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