El asesinato de 72 sin papeles en México en agosto pasado levantó, junto a la comprensible estupefacción, un interrogante: ¿qué hay detrás de todo esto? La historia de la masacre de Tamaulipas está por escribir, pero la del fenómeno más general en la que se inserta está en las librerías: las crónicas de Los migrantes que no importan (Icaria editorial) son una de las tres piezas de un proyecto documental en el que han trabajado periodistas, fotógrafos y cineastas hispanoamericanos. Un trabajo que ya estaba terminado cuando la matanza de Tamaulipas, y por eso saben lo que hay detrás: "Nos vemos en la próxima masacre", tituló uno de ellos un artículo pocos días después.

Según anunció el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Alonso, el PP presentará en septiembre ante el Congreso de los diputados una propuesta de reforma de la Ley del Menor para “acotar la impunidad” y “proteger a las víctimas”.
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, aseguró que el PSOE siempre está “abierto al debate” pero defendió la necesidad de “legislar de forma responsable” y no dejándose “llevar por casos concretos”.
Aunque Alonso no quiso aventurar detalles, sí recordó que el programa electoral del PP ya contemplaba rebajar la edad mínima de imputabilidad, fijada actualmente en 14 años, para delitos de “especial gravedad”, como los que han tenido lugar en los últimos días, cuando dos niñas andaluzas fueron violadas, presuntamente, por menores. “Nos sorprende la pasividad del Gobierno ante estos hechos”, señaló Alonso, para quien “parece que sólo espera a que escampe o a que se olvide”.
En su opinión, “el aumento escandaloso de delitos cometidos por menores” hace necesario que “el Parlamento esté atento a este clamor social” y que, por tanto, mantenga un debate sobre el tema. En este sentido, puntualizó que el objetivo de los ‘populares’ es “proteger a las víctimas más vulnerables”, que éstas “puedan tener un resarcimiento del sistema penal”, que se “acote la impunidad” y corregir la ley en vigor, reformada en 2006 sin el apoyo parlamentario del PP, porque “está causando una flagrante injusticia”, recalcó.
Por su parte, Pajín, aseguró hoy que el PSOE siempre está “abierto al debate” pero defendió la necesidad de “legislar de forma responsable” y no dejándose “llevar por casos concretos”. Leire Pajín recordó que la posición de su partido “es conocida”. Para los socialistas “lo responsable” es “conseguir, como sociedad y como poderes públicos evitar” casos como los ocurridos en los últimos días. “En esa tarea tenemos que implicarnos todos y todas”, recalcó.  Fuentes de la Dirección socialista insistieron en que el PSOE no es partidario de legislar ‘en caliente’, sino tras un debate reposado. Aseguraron que la reforma de la Ley del Menor no está ahora mismo encima de la mesa para ellos, aunque, en todo caso, esperar a que el PP presente su propuesta para valorarla.

DEFENSOR DEL MENOR EN MADRID

También el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, aseguró que la reforma de la Ley del Menor es necesaria pero centrándose en la aplicación de medidas de contención educativas obligatorias y no en la rebaja de la edad penal. Para Canalda, hay que hacer obligatorias las medidas de contención “para que uno vea en un centro lo que le espera si sigue cometiendo este tipo de delitos”. “Hay que hacerle ver que ha hecho una barbaridad”, apostilló. Canalda indicó, además, que el problema es “doble” por el trasfondo educativo y de “falta de valores” que tienen estos delitos.
Así, señaló que hay un problema educativo en donde entran los padres y los profesores y que invita a hacerse la pregunta de “qué está pasando para que unos niños con edades tan jóvenes sean capaces de acometer delitos tan graves”. “Con las series de televisión, la violencia, el sexo, la falta de educación en valores, o el relativismo moral”. “Son cuestiones que deberíamos tener en cuenta y que deberían hacernos reflexionar porque en el trasfondo de los delitos están estas cosas”, añadió Canalda.
En este sentido, destacó la importancia de que el juez pueda obligar al acusado en cuestión “a pasar unos días en unos centros para que sepa que lo que ha hecho está muy mal”. Todo ello, con programas educativos específicos para casa caso y con un seguimiento posterior de forma individualizada. Insistió, además, en que si un centro para jóvenes de 14 años funciona bien, “por qué no lo va a hacer un centro especializado para niños de 12 y 13 años”. No obstante, recalcó la necesidad de seguir trabajando después con cada uno de los niños para que sepa, como en estos casos, “que no se puede ir violando a niñas así porque sí”.