Las familiares de presos españoles en cárceles marroquíes miran con miedo el avance de la pandemia de coronavirus COVID-19 en Marruecos y ruegan a las autoridades marroquíes que revisen condenas de presos de España por delitos menores. “Sería terrible que nos mandaran a uno...
- La División de Indultos del Ministerio de Justicia insta la ejecución de la condena dictada por el Supremo: dos años de prisión y 22 de inhabilitación especial por un delito de lesiones con agravante de superioridad
- La familia de la víctima, ya fallecida, reclama al Gobierno de Vivas que cumpla de forma "diligente"
En diciembre solicitaron el indulto al Gobierno o anunciaron hacerlo el expresidente balear Jaume Matas, el torero Ortega Cano y el presidente del Sevilla José María del Nido. El exalcalde de Marbella Julián Muñoz, que está cumpliendo varias condenas de prisión por blanqueo de capitales y corrupción, ha solicitado un indulto ante el Ministerio de Justicia por razones de salud.
En su petición de indulto, la defensa del expresidente balear alega que su encarcelamiento conllevaría "efectos desocializadores" sobre él y "en nada serviría para conseguir una supuesta reinserción social o reeducación"
La Audiencia Provincial de Balears ha acordado suspender el ingreso en prisión de Matas, sobre quien pesan nueve meses de cárcel por el primer juicio del caso Palma Arena, a la espera de que el Gobierno resuelva si le concede o no el indulto que solicitó el exministro.
La Fiscalía de Sevilla no aprecia "ningún motivo extraordinario" para apoyar la petición de indulto anunciada por el extorero José Ortega Cano después de que la Audiencia Provincial confirmase su condena a dos años y medio de cárcel por el accidente de tráfico mortal ocurrido en mayo de 2011 en el que falleció Carlos Parra, vecino de Castilblanco de los Arroyos.
- El entorno familiar y profesional de los dos agentes ya ha trasladado su solicitud al Ministerio de Justicia, que deberá someterla a la consideración del Consejo de Ministros para, en su caso, elevarla al Rey, que es quien concede la gracia
- “Intentaron actuar de buena fe, en defensa de la Ley y la Seguridad Ciudadana, demostrando un alto grado de profesionalidad", argumenta la iniciativa, que pide evitar "un daño irreparable e irreversible" para los policías y sus familias
- El Supremo les ha condenado a dos años de cárcel y 22 meses de inhabilitación para ejercer su trabajo
El consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, ha pedido la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que revocó parcialmente su indulto, trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El presidente del Banco Santander, Emilio Botíbn ha asegurado hoy que "no hay ningún impedimento legal" para que el consejero delegado del grupo, Alfredo Sáenz, siga desempeñando sus funciones.
"Tenemos informes terminantes de que no hay elemento legal para que siga ejerciendo sus funciones", ha dicho Botín en respuesta a uno de los primeros accionistas del banco al que ha querido responder inmediatamente y no al final del turno de preguntas como suele ser habitual.
Además, el presidente del Santander ha destacado que Sáenz "ha desarrollado una magnífica labor y que el consejo del banco ha ratificado su plena confianza" en él.
A principios de marzo, el Banco de España inició el proceso para decidir si Sáenz puede continuar en su puesto como consejero delegado del banco teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo consideró que el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incurrió en una "clara extralimitación" de la Ley del Indulto. Y ello tras anular los efectos administrativos de la medida de gracia que concedió a Sáenz, que le permitió seguir ejerciendo su actividad bancaria.
En marzo de 2011, el Tribunal Supremo condenó al consejero delegado del Banco Santander a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer funciones en banca por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida en 1993.
Ahora, tras la decisión del Supremo, el Banco de España debe ser quien decida si Sáenz cumple con los criterios de "honorabilidad" y puede seguir ejerciendo su cargo.
Tras conocerse la decisión del Supremo, la defensa de Sáenz ya anunció que recurriría la sentencia y presentaría un recurso de amparo "por infracción del derecho de igualdad y del derecho a tutela judicial efectiva".
- El titular del Juzgado Mixto número 5 de la ciudad, Carmelo Ordoñez, rubrica el manifiesto que considera la decisión del Gobierno del PP "impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente inasumible"
- En 2009, el Ejecutivo local abanderó la petición de la medida de gracia para dos policías locales condenados por el Supremo por el mismo delito que los agentes catalanes
El Supremo devolvió las actuaciones a la Audiencia Provincial, que ha hecho prevalecer la sentencia que dictó.
