Los de Juan Sergio Redondo también interpelarán al Ejecutivo por la ausencia de vigilantes de seguridad en Piniers, por la gestión del hotel municipal y por el caso de rabia detectado el mes pasado.

La juez del número 6 ha entendido que “el plazo de vencimiento del arrendamiento se determina por la normativa administrativa” y no terminará, por tanto, hasta diciembre de 2034 “en correlación con el sistema en vigor de protección de la vivienda”. Se posiciona en el mismo sentido que el magistrado del número 5, que a diferencia de la del 4 tampoco dio la razón a la sociedad municipal en sus demandas. La Audiencia Provincial decidirá.

El Juzgado de primera instancia estima que no hay prueba de que el órgano competente de Emvicesa adoptase "decisión alguna de no proceder a la renovación de los contratos” con al menos un mes de antelación a la fecha de finalización de los mismos y que el periodo de prórroga se extiende “hasta el 16 de diciembre de 2034".

Emvicesa ya tiene doce llaves y prevé recibir "próximamente" las de otra casa. Tras percibir una estrategia de dilación en los recursos de la defensa de los arrendatarios ha presentado una retahíla de demandas de desahucio con aviso a tres inquilinos que cumplen los 35 años en 2020 ó 2021. Una unidad familiar no cumple los requisitos para seguir, pero parece protegida por causas legales que impiden cualquier lanzamiento.

La Consejería de Fomento está perfilando las bases de la convocatoria de ayudas de hasta 900 euros mensuales durante medio año que serán compatibles con cualquier otra siempre y cuando el total no supere el 100% del importe de la renta correspondiente de la vivienda habitual.

La sociedad municipal considera que, puesto que el desalojo voluntario no se ha producido salvo en cuatro casos a lo largo de esta semana, "debe instar las acciones legales oportunas para recuperar las viviendas, procediendo al desahucio de los ocupantes", entre los que se cuentan arrendatarios a precios fuera de mercado con varias casas en propiedad, con ingresos superiores a 3.000 euros al mes o que no viven en ellas.

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- Nayat Mohamed defiende ante la Corporación la aspiración localista de intentar intervenir en "problemas centrados fundamentalmente en el elevado precio y en las condiciones exigibles en los contratos"

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- Los inquilinos mantienen la junta vecinal para esta tarde en la que decidirán si marchan al Palacio Autonómico a pedir nuevas explicaciones o dan por buenas las ya recibidas. De momento reina la desconfianza hacia la operación urbanística emprendida por el Ejecutivo