SEVILLA- Ya han salido del barrio 13 familias, pero muchas de las que quedan desconfían de unas alternativas que ni siquiera conocen por escrito. El pasado 25 de julio el Ayuntamiento procedió a realojar a los primeros vecinos de Regiones Devastadas, que ahora residen provisionalmente en unos pisos propiedad de Emvisesa en la avenida Ramón Carande. En este enclave permanecerán mientras dure la rehabilitación integral del barrio, una actuación de la que «sólo tenemos dudas y desconfianza», asegura Coral Vera, portavoz vecinal.
Junto al retorno en las mismas condiciones, el Consistorio ofrece otras tres opciones: el mantenimiento del alquiler en la vivienda de realojo, el acceso a una VPO en alquiler con opción a compra o el acceso a una en venta, al precio establecido para el régimen de protección más bajo. Sin embargo, Vera denuncia que estas opciones no se han fijado por consenso, sino que «se han establecido diálogos personales y muchos vecinos prefieren ceder al chantaje de los políticos a enfrentarse a la posibilidad de no volver a sus viviendas». Por ello, exige al Ayuntamiento que presente las alternativas «por escrito» porque «las familias no pueden seguir viviendo con esta incertidumbre».
La exigencia de los residentes es clara: volver a sus pisos con un documento que certifique que son de su propiedad o, «por lo menos, seguir pagando el mismo alquiler pero con derecho a compra», ahonda Vera, dos opciones que no contempla el Ayuntamiento. «La mayoría de las familias tienen una renta que no supera los 500 euros mensuales y hay casos en los que todos los miembros están en paro, por lo que no pueden hacer frente al pago de un alquiler habitual», critica.
Igualmente, muestra sus dudas sobre el convenio que firmaron el Ministerio de Vivienda, la Junta de Andalucía y el Consistorio para impulsar la rehabilitación del barrio, puesto que las viviendas eran propiedad del Estado y «ahora se encomienda a Emvisesa ser la arrendataria».
La actuación contempla además el estudio pormenorizado de cada familia, a través de un equipo de intermediación social, para adecuar las soluciones a cada caso. Vera sostiene que esta iniciativa «no ha cumplido los objetivos que se marcaron desde un principio», puesto que «sólo han visitado las viviendas cuatro trabajadores sociales y no han acudido abogados, tal y como nos prometieron, para que podamos consultarles nuestras dudas».
Ante este panorama, Vera considera «muy complicado» que se consumen todos los realojos antes de que finalice agosto, tal y como prevé el Consistorio. «La gente está muy descontenta y a los últimos los tendrán que sacar los GEOS», señala. Respecto a las primeras actuaciones, denuncia que «se han tapiado ventanas y puertas» dejando a los vecinos «viviendo en un cementerio».

Balance triunfalista
A diferencia de los vecinos que aún permanecen en Regiones Devastadas, las tres administraciones implicadas en la rehabilitación integral del barrio –Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Ministerio de Vivienda– celebraron esta semana el «éxito» de los primeros realojos. Durante la segunda reunión de la comisión de seguimiento del convenio, los representantes institucionales constataron el «adelanto que acumulan los trabajos previos al proyecto de demolición», además del «avance» del estudio poblacional que está llevando a cabo el Consistorio a través de una oficina técnica, «encargada de atender las consultas de los vecinos sobre de esta actuación». El objetivo es reconstruir 18 bloques, compuestos de 210 viviendas, y seis locales comerciales. La construcción de los nuevos pisos se llevará a cabo en las parcelas delimitadas por las calles San Juan de la Cruz, Paulo Osorio, Carlos García Oviedo y la plaza Ruperto Chapí.