El socialista prosigue, “tal y como que se reconoce desde la Diócesis, que los problemas arrancaron desde el año 2018”, y que durante las obras de la fachada, se detectó el problema y se clausuró el templo como medida de seguridad”.
El juez Baltasar Garzón toma hoy declaración a los diez detenidos el pasado martes en el País Vasco y Navarra, nueve de los cuales están acusados de intentar reconstruir la dirección de la izquierda abertzale y una décima por intentar sacar documentación del domicilio de una de las arrestadas.
A partir de las diez de la mañana, el magistrado de la Audiencia Nacional comenzará a interrogar al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, al histórico dirigente de la formación Rufi Etxebarria, al ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga y a la ex tesorera del PCTV-EHAK Sonia Jacinto.
Además de estos cuatro, pasarán ante el juez Arkaitz Rodríguez, que fue juzgado en 2006 por ser miembro de los aparatos de captación e información de ETA y que resultó absuelto; Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar y parlamentario navarro, Patxi Zabaleta; José Luis Moreno Sagües (Txelui), candidato al Legislativo foral en una lista que fue ilegalizada; José Manuel Serra y Amaia Esnal Martiarena.
La décima detenida en la denominada "Operación Batea" es Ainara Oiz Elorriaga, que fue arrestada en el portal de la vivienda de Miren Zabaleta cuando portaba documentos y efectos extraídos de la vivienda de ésta para evitar que fuesen intervenidos.
Otegi, Etxebarria, Díaz Usabiaga, Jacinto y Rodríguez fueron arrestados en la sede del sindicato LAB en San Sebastián, donde según la acusación se habrían reunido los dirigentes abertzales en varias ocasiones durante las últimas semanas; mientras que a Esnal y Serra los detuvieron en Hernani (Guipúzcoa) y a Zabaleta y Moreno en Pamplona.
Los arrestados habrían formado un grupo llamado "Bateragune", que en euskera significa punto de encuentro y que sería el germen de una futura Mesa Nacional, que al parecer tenía como primer objetivo el regreso de Batasuna a las instituciones políticas del País Vasco, según el Ministerio del Interior.
