Fue precisamente entonces cuando la plantilla en plena negociación del Convenio Colectivo anunció huelga para el lunes santo. Entonces el Gobierno, según se filtró después y reconoció el propio Ejecutivo, medio en las negociaciones. Lo hizo prometiendo a la empresa hacerse cargo de parte de los costes que supusiera la subida salarial que reclamaban los trabajadores. Hubo acuerdo y se desconvocó la huelga.

Durante semanas, Yolanda Bel, emplazó a los periodistas que acudían a cubrir el Consejo de Gobierno a la celebración de una comisión mixta entre empresa privada y Gobierno para saber en qué grado el Ejecutivo de Vivas cumplía con lo que le había prometido a la empresa. Sobre todo este asunto planeaba el pliego del contrato para la recogida de residuos sólidos (una herencia del GIL que el Gobierno defiende con uñas y dientes y que la oposición achaca al pago de la moción de censura que acaba con Vivas como presidente de la Ciudad y Sampietro huyendo a Marbella). Ese pliego estipula que la subida anual del contrato no podrá ser superior al IPC.

Pues bien, según ha reconocido hoy Yolanda Bel, si Urbaser incrementa sus prestaciones en 2009 lo hace por acuerdo de la comisión mixta. O en su boca: “Las conclusiones a las que llego esa comisión las puede ver reflejadas en los Presupuetos Generales de la Ciudad para 2009. El presupuesto de la Ciudad en cada una de las anualidades del contrato de recogida de residuos sólidos tiene que tener incluidos los acuerdos a los que llegó en la comisión mixta. Desde el punto de vista económico esa comisión llegó a una conclusión y la Ciudad los ha recogido”, explicó Yolanda Bel.

“Es más, Urbaser ni participó, lo hicimos Hacienda Y Medio Ambiente. Urbaser participó sólo en la negociación del Convenio. En esa comisión únicamente deciden Medio Ambiente y Hacienda, y sobretodo Hacienda y lo hace con informes técnicos en la mano que avalan su decisión”, concluyó Yolanda Bel. Sobre lo estipulado en el pliego de condiciones Bel ha defendido que “recoge muchos más apartados”, dejando entrever que la decisión de Hacienda está acogida a lo estipulado y que es posible que el contrato con la empresa privada suba por encima del IPC. “La Consejería de Medio Ambiente nunca intervendría en una negociación sin estar asesorada por los técnicos. Sería una imprudencia por mi parte”, remachó Bel.