No son funcionarios del montón. Por sus manos pasan buena parte de los asuntos de mayor trascendencia que maneja el Gobierno. Y en muchas ocasiones, quizás demasiadas, sus informes han sido cuestionados por los grupos de la oposición.

“El PP utiliza que atacamos la figura del interventor y la secretaria, pero ellos dos están en una tesitura de precariedad e inestabilidad laboral que condiciona sus informes porque el gobierno les puede apretar”, ha recordado Mohamed Mustafa, asesor del Grupo Parlamentario Unión Demócrata Ceutí.

De llevar razón el sindicato UGT, no sólo la precariedad laboral sería un elemento desestabilizador sobre las cabezas de estos funcionarios cuyos informes pueden tumbar proyectos del Gobierno. Al interventor y la secretaria se sumarían también el tesorero y el ex asesor jurídico del Ejecutivo de Vivas, ahora en excedencia.

El sindicato denunció hace ya tres años y medio que se estaban produciendo pagos de productividad de forma irregular. Según el secretario de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Juan Carlos Pérez, se trataría de un cobro de 1.800 euros mensuales en concepto de productividad. Un cobro que se vendría produciendo desde los primeros tiempos de la era Vivas y que se habría pagado de forma irregular.

El proceso contencioso administrativo ha avanzado, a pesar de que en un primer momento la demanda fue rechazada por carecer de legitimidad para plantearla se rehizo y se firmó por alguien que sí era legítimo. Tanto el sindicato como el Gobierno saben ahora que será a primeros de año cuando se celebre la vista oral que deje visto para sentencia el caso.

“Sé que han solicitado una relación de los funcionarios que perciben productividad y que efectivamente está celebrándose el juicio o se va a celebrar pronto”, ha confirmado a Ceutaldia.com el viceconsejero de Recursos Humanos, Javier Ángel Díez Nieto. Más allá de eso, el Gobierno de forma oficial ha declinado hacer declaraciones, al menos de momento.

Posible devolución de entre 130.000 y 200.000 euros cada uno

Aunque otras fuentes sindicales de la Ciudad Autónoma han apuntado a Ceutaldia.com la existencia de una reunión entre los abogados de la Administración Local y “los tres o cuatro funcionarios”, según Díez Nieto, que habrían cobrado ese plus de productividad. Esa reunión no ha podido ser confirmada por este medio. Lo más parecido a una confirmación lo ha aportado también Díez Nieto: “El letrado se habrá reunido con ellos como es lógico, pero todo eso yo ya lo ignoro”.

Según las fuentes que sí aseguran que esa reunión se ha producido y que prefieren mantenerse en el anonimato, en la misma se les habría indicado a estos cuatro funcionarios (interventor, secretaria, tesorero y ex asesor legal) que la cosa pinta mal y que existen muchas posibilidades de que finalmente tengan que devolver el dinero.

Ese dinero oscilaría entre 130.000 y 200.000 euros por funcionario. Un cálculo rápido de esos 1.800 euros mensuales que UGT asegura que han venido percibiendo en concepto de productividad durante los últimos siete años arroja una cantidad media de 151.000 euros.

Razones que avalan que el pago se ha efectuado de forma irregular

El secretario general de la FSP de UGT ha querido dejar claro que el sindicato en ningún momento “denunció a los trabajadores. Lo que denunciamos es el concepto. Sabíamos que lo cobraban y que se estaba pagando productividad sin haber fijado criterios ni en el Pleno ni con los sindicatos”.

Y en estos dos argumentos basan su denuncia y su probable victoria. La Ley establece una serie de requisitos para el pago de la productividad. No la puede cobrar cualquiera ni de cualquier forma.

Para que se pague productividad la Ley obliga a cinco requisitos de los que en el caso de estos cuatro vitales funcionarios no se estarían cumpliendo cuatro de esos requisitos, según ha explicado UGT a Ceutaldia.com.

El sindicato asegura que el Gobierno sí cumple el precepto de asignar una partida presupuestaria exclusiva y específica para el pago de esa productividad.

No hay, en cambio, acuerdo plenario que avale el pago de esa productividad y que fije los criterios con los que se calculará el pago de ese plus. Uno de los cuatro requisitos que el Gobierno no cumpliría según UGT sería ese.

Tampoco se ha negociado el pago de esa productividad en una mesa en la que esté representada la Junta de Personal. El tercer requisito que no se cumpliría según UGT es la publicación en el tablón de anuncios de la Ciudad Autónoma del nombre de los funcionarios que cobrarían ese plus y las cuantías de las mismas.

Por último, UGT denuncia que el Gobierno tampoco cumple con que esos pagos no sean periódicos ni fijos. Según el sindicato el Ejecutivo habría estado pagando 1.800 euros mensuales de forma fija todos los meses como productividad a esos cuatro funcionarios.

Como ejemplo, Pérez pone lo que pasa en la Administración General del Estado, “pagan la productividad un par de veces al año y no de forma fija en la cantidad”.