Si usted es licenciado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o Ciencias Económicas puede estar de suerte, aunque si no es asiduo lector del BOCCE y el último fin de semana de octubre se lo pasó de puente tal vez no lo sepa. En el Boletín del 29 de octubre la Ciudad Autónoma publicó las bases para la provisión en propiedad de una plaza de técnico tributario superior del Organismo Autónomo Servicios Tributarios (OAST), esto es, grupo A1 de la escala Administración Especial.

En los tiempos que corren un puesto de esta naturaleza, con sueldazo y para toda la vida, no abundan. Para tener posibilidades de ocuparlo es necesario, además de contar con alguna de las titulaciones mencionadas, poco más que no estar inhabilitado para ocupar un empleo público y ser mayor de edad. Y, claro, saberse el temario, que está dividido en tres partes (la general; la especial de Derecho Financiero y Tributario General; y la especial referida con carácter general a la Ciudad Autónoma) y que aglutina 94 temas.

Contra la norma habitual, los tres exámenes serán tipo test a razón de 50 preguntas cada uno. El mínimo a acertar para superarlos está cifrado en 35 respuestas correctas (cada una extra sumará 0,33 puntos) y las contestaciones equivocadas o en blanco no restarán.

En el caso de que se considere capacitado para el reto esté atento al BOE (se prevé que el extracto de la convocatoria se publique en dos o tres semanas*); haga llegar en los veinte días naturales siguientes al Registro General de la Ciudad la documentación habitual para entrar en este tipo de procesos; y abone en Unicaja las tasas de examen, que ascienden a 19,90 euros. Después, aguarde a que el BOCCE publique la lista de admitidos con el lugar y la fecha del primer ejercicio.

Aparentemente se trata de una oportunidad única. El problema es que parte de la representación sindical en la Asamblea cree que la convocatoria, cuyo articulado ha trasladado ya a sus servicios jurídicos, es “ilegal”. Y no sólo eso. Estas mismas fuentes, que acumulan tantos trienios en la Administración local como dedos en las manos, están seguras de que la plaza tiene “nombre”, de mujer, y "apellidos”. Y una filiación familiar “muy cercana” a “un miembro del Consejo de Gobierno”: su esposa. Y una aspiración: ser funcionaria tras algún intento anterior, y muy similar a este, fallido.

“Doble” ilegalidad

A falta de dictamen letrado definitivo, que propiciaría su denuncia “inmediata”, los sindicalistas consultados entienden que la convocatoria conculca el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en tanto que este establece que cualquier proceso de este tipo debe incluir pruebas “teóricas y prácticas”. “El test”, argumentan, “sólo tiene una ventaja sobre la elección por sorteo de un tema del programa para el examen: garantiza el éxito a quien recibe la plantilla por adelantado”.

La “segunda ilegalidad” en la que según el parecer de estas mismas fuentes incurre la convocatoria es que “cualquier provisión de plaza debe formar parte de una Oferta Pública de Empleo de la que carece la Ciudad Autónoma este año”. “Las únicas que se han convocado, las de bomberos, datan de 2009, y por la vía de la tasa de reposición tampoco hay justificación: los Presupuestos Generales del Estado de este año la limitan al 10% y en todo el ejercicio sólo se han jubilado 8 funcionarios”, completan.

El asunto enerva especialmente a quienes vienen reivindicando desde hace tiempo plazas en ámbitos “más sensibles para el servicio al ciudadano” como en la Policía Local, donde siguen vacantes siete plazas tras haberse jubilado “cuatro o cinco agentes”, o Bomberos, cuyo cuadro de mandos (cabos y sargentos) está ocupado en su práctica totalidad de forma accidental.

Ceutaldia.com ha intentado sin éxito conocer la versión del Ejecutivo local sobre esta convocatoria y su respuesta a las críticas sindicales.

*El Boletín Oficial del Estado publicó en su edición de ayer el anuncio de la convocatoria, por lo que el plazo de presentación de solicitudes queda abierto durante veinte días naturales contados a partir de hoy.