No parece ser oro todo lo que reluce tras los beneficios lineales en los balances contables del ejercicio pasado que este martes ha presentado el Ejecutivo local en las Juntas Generales de sus siete sociedades municipales (Acemsa, Amgevicesa, Servicios Turísticos, RTVCE, Obimasa, Procesa y Emvicesa). Según las Memorias de sus cuentas anuales, estas dos últimas empresas públicas terminaron 2010 con más de 13 millones de euros acumulados en concepto de deudas impagadas fuera de plazo legal a sus proveedores. La sociedad que tiene como gerente a José Diestro es la que más impagos acumulaba el pasado 31 de diciembre sin abonar dentro de los plazos máximos establecidos por la Ley 15/2010 contra la morosidad. Se trata, según dicha documentación, de 9,36 millones de euros.

La que lidera Antonio López cerró el ejercicio pasado con 3,73 millones de euros pendientes de pago a sus suministradores, uno de los asuntos por los que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Carracao, interrogó al gerente en el Salón de Plenos y este no pudo aclararle de inmediato, algo que se ha comprometido a hacer "en el menor plazo posible" por escrito.

Durante 2010 Procesa abonó un total de 24,4 millones de euros, el 80% dentro del plazo máximo legal (19,1 millones) y el resto (5,2 millones) fuera. Su plazo medio ponderado de pagos excedidos se va hasta los 80,8 días.

La coalición Caballas ha cifrado recientemente, según sus cálculos, en "unos 25 millones de euros" el total de abonos pendientes a sus proveedores y suministradores que mantiene la Ciudad Autónoma.

'Ceuta TV' se ha reconocido este martes en su informativo como una de las pequeñas y medianas empresas que padece las demoras en sus compromisos de la Administración local, en concreto con Acemsa, una empresa que asegura en su Memoria contable que "no hay aplazamientos de pago superiores a 189 días" en sus cuentas.

La Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004, contra la morosidad en operaciones comerciales, ha reducido, desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público, a un máximo de treinta días el plazo de pago, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un período transitorio para su entrada en vigor.

Hasta finales de 2010 el límite se estableció en 55 días a partir de la fecha de expedición de certificaciones; cuando termine este año se recortará a 50 días y a finales de 2012, a 40.

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