La prioridad es la salud de los vecinos y los intereses de los empresarios pasarán a un segundo plano. Así de claro lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo local, Guillermo Martínez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este viernes en el que se ha abordado el asunto.

El ruido generado por la lucha judicial de un vecino de la plaza del Teniente Ruíz va a llegar a todas las terrazas de la ciudad en forma de silencio, con horarios, previsiblemente más recortados e incluso con la posibilidad de que el Gobierno impida vía reglamento que coexistan juntas demasiadas terrazas en una misma zona.

El Ejecutivo reconoce así de forma implítica que no ha venido actuando de forma correcta. Y es que la sentencia judicial anuló la licencia de dos terrazas (Tkio y Miró) de la plaza al no aplicar la normativa vinculante para la obtención de licencias de apertura.

“Lo que dice la sentencia es que las terrazas deben considerarse como un elemento molesto y que deben considerarse como una ampliación de la licencia de apertura”, ha explicado Martínez.

Y la Administración Local, la que realmente se lleva el ‘rapapolvo’ judicial, “en la actualidad ha estado otorgando por un lado licencias de apertura para los establecimientos y las terrazas tenían un procedimiento distinto que era el de la ocupación de espacio de dominio público. A partir de este momento procederá a que las terrazas se incorporen al procedimiento de licencia de apertura para poder llevarse a cabo”, ha aclarado Martínez.

Y esa no es la única consecuencia que tendrá la sentencia. Para cambiar el procedimiento para concender licencias de apertura a los establecimientos hosteleros, el Ejecutivo en consecuencia se verá obligado a cambiar la normativa que las regula. Será en el Pleno Ordinario de octubre. El Ejecutivo presentará en esa sesión una modificación de la ordenanza reguladora de la licencia de implantación para incorporar las licencias de apertura de terraza. Esas licencias y esa normativa cumplirá además “escrupulosamente” con la normativa vinculante en materia de ruidos, “en concreto la Ley de ruidos”, lo que obliga a modificar la ordenanza de ruidos para adaptarla a la mencionada Ley, también en la sesión ordinaria de octubre.

Aunque aún es pronto y queda mucho por hacer el portavoz del Ejecutivo ya ha esbozado en qué línea irán esos cambios.

“El objetivo del Gobierno es que siendo absolutamente respetuosos con la normativa medioambiental en materia de ruidos colisione lo mínimo posible con los objetivos que puedan tener los hosteleros y los empresarios del sector. Pero en el orden en el que acabo de decir: En primer lugar, la salud de los ciudadanos y en consecuencia los intereses individuales de los ciudadanos y en segundo lugar, los intereses de los empresarios”, ha afirmado Martínez.

Más claro, “Se contempla un cambio de horarios o también que determinados tipos de establecimiento no puedan tener terraza”, ha remachado Martínez. Incluso, el Gobierno no descarta que en algunas zonas “que puedan estar más saturadas en cuanto a la contaminación acústica”, zonas en las “que puede haber cuatro o cinco establecimientos en escasos metros cuadrados, previsiblemente haya que hacer una reorganización de las que haya”.

“Seremos tremendamente escrupulosos con lo que se establece en la ley del ruido en relación con la calificación de molesta o no y que se adoptarán todas las medidas oportunas para que esta actividad que se lleva a cabo en las terrazas sea lo menos molesta posible o no molesta para los vecinos”, ha manifestado el portavoz del Gobierno.