El acta de liquidación positiva que este martes ha dictado el Tribunal de Cuentas (TCu) con la gerente de OBIMASA como responsable contable por un importe de más de 12.000 euros por abonar 300 euros todos los meses, hubiese o no reuniones físicas de su Consejo de Administración, al funcionario que desde 2002 ha venido ejerciendo como interventor en éste ha hecho sonar las alarmas, este miércoles, en el Consejo de Gobierno que preside Juan Vivas. El Ejecutivo local ha decidido abrir un contafuegos en forma de acuerdo "para, de conformidad con los pronunciamientos del TCu, adaptar a sus requerimientos el pago de las dietas por asistencia que perciben los interventores y secretarios de las sociedades municipales por entre 300 y 600 euros mensuales".

El portavoz gubernamental, Guillermo Martínez, ha querido dejar muy claro durante su comparecencia que con el criterio que se ha seguido hasta ahora "no se ha producido ningún ilícito penal ni ningún acto delictivo ni ninguna malversación de fondos" y ha explicado que el Ejecutivo "entiende que ese complemento-gratificación-dieta se paga de forma justa y legítima porque la labor que desarrollan esos funcionarios en los Consejos de Administración, un cometido no incluido en su contrato, es permanente".

"Se trata de un asesoramiento continuo y constante que incluye, por ejemplo, la fiscalización de todos los mandamientos de pago de cada una de las empresas municipales, pero el Tribunal de Cuentas considera que sólo debe materializarse en los meses en que se convoca una reunión de cada Consejo y se produce una asistencia física y real", ha detallado Martínez, quien ha insistido en varias ocasiones en que el auto redactado este martes es "una resolución muy provisional" contra la que la Ciudad presentará nuevas alegaciones y que en cualquier caso no se traducirá en una sentencia definitiva "hasta dentro de 2 ó 3 años".

"Si el TCu mantiene su criterio, los pagos debería devolverlos cada persona señalada"

El portavoz ha recordado que estos pagos se vienen realizando "desde la constitución del Consejo de Administración de cada sociedad municipal, esto es, desde 1993 en el caso de Acemsa" y ha dejado entrever que la denuncia formulada en 2009 por Juan Luis Aróstegui en nombre de CCOO sobre las retribuciones al interventor de Obimasa [Juan Antonio Hidalgo] lleva detrás una animadversión "personal".

La situación y las posibles devoluciones a realizar a las arcas municipales, como la que se pide a la gerente de Obimasa, Carolina Hurtado de Mendoza, no tendría a la Administración, en cualquier caso, como perjudicada, sino como beneficiada. A preguntas de los periodistas, Martínez ha dejado claro que "esperamos que el Tribunal de Cuentas termine resolviendo que se ha tratado de un malentendido sobre el que nunca se nos había advertido, pero en el hipotético caso de que no fuese así la responsabilidad debería asumirla con fondos personales la persona señalada, ya que sería contraproducente que la Ciudad volviese a pagar con caudales públicos un concepto que se está reprobando".

Fuentes con experiencia en los órganos directivos de las sociedades municipales locales (Procesa, Acemsa, Emvicesa,. Servicios Turísticos, Amgevicesa, Obimasa, Obimace, Parque. Marítimo del Mediterráneo y RTVCE) han resaltado la paradoja de que ninguna de las cerca de media docena de personas que ejercen como interventores en ellas fiscalizando, entre otras, sus propias retribuciones hayan advertido la posibilidad de llegar a este conflicto contable. Tampoco las asesorías jurídicas externas con que cuentan varias de ellas, donde la competencia para efectuar los abonos suele recaer en el gerente de cada una (como en Obimasa) o directamente en el presidente del Consejo de Administración.

Si bien es cierto que el TCu no había advertido nunca sobre lo indebido del pago mensual de contraprestaciones al interventor y al secretario de las sociedades mercantiles públicas en meses en los que no hubiese reunión de su Consejo, en su informe de fiscalización del periodo 1998-2001 sí advirtió de que en marzo de 2001 "se acordó eliminar las indemnizaciones por asistencia a sesiones del Consejo, aprobándose una retribución para los puestos de Interventor y Secretario de la sociedad cifrada en 50.000 pesetas netas mensuales, lo que contraviene lo dispuesto en la Ley 54/1984, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas".

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