Caballas ha dejado a un lado la campaña electoral este miércoles para volver de lleno a la labor de fiscalización del Gobierno de la Ciudad Autónoma, así al menos lo ha explicado su líder, Mohamed Alí, encargado de exponer el complejo asunto de la adjudicación de la gestión de la guardería de Juan XXIII, conocida como ‘La Pecera’ a la empresa Arasti Barca. Adjudicación sobre la que ya levantó sospechas el PSOE.

Caballas cree haber encontrado el argumento definitivo de que algo no se ha hecho bien y ha acusado al consejero de Hacienda y Recursos Humanos de cometer una prevaricación con todas las consecuencias. Además la maniobra ilegal la habría acometido Márquez en un paréntesis de esta campaña, por eso ha intervenido el candidato de Caballas al Congreso, Mohamed Mustafa para pedir que retire la candidatura y que “si tiene valor, si aún le queda valor, que pida perdón y paralice el expediente a favor del interés general de los ceutíes y de la legalidad”, ha sentenciado Mustafa.

La Consejería de Hacienda y Recursos Humanos a través de su Negociado de Contratación decidió el pasado 4 de noviembre notificar a la Consejería de Educación, Cultura y Mujer la adjudicación y los criterios de la misma a la empresa Arasti Barca del contrato de “Gestión del servicio público de la Escuela Infantil La Pecera” por un importe de 50.312 euros mensuales desde el uno de septiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2013, aproximadamente 1,2 millones de euros en total.

El documento añadido al expediente de adjudicación establecía y recogía la puntuación en los distintos apartados del concurso obtenida por todas las empresas que concurrieron a la licitación. Y en su apartado 4, introdujo una obligación para la empresa adjudicataria: “La propuesta recogida en el cuadro anterior, relativa a la ampliación del personal ha de cumplirse desde el inicio del periodo de ejecución de este contrato”.

Esas dos líneas, condicionan la adjudicación, en opinión de Caballas. Al concurso concurrieron seis empresas, UTE Grupo Premier Academia SOCE SLU, UTE María Luis Jerez Salvador y Ana Isabel Ronda Carracao, Eulen Servicios Sociosanitarios SA, CLECE SA, la ganadora Arasti Barca MASL y la Escuela de Alto Rendimiento Novaschool.

La ganadora Arasti Barca, a la que Carracao vinculó en su día con un alto cargo del PP de Cantabria, se alzó con la adjudicación gracias a la mejora propuesta sobre el personal mínimo que exigía el concurso a contratar. Arasti Barca propuso incrementar la plantilla mínima en 10 trabajadores a jornada completa más dos a media jornada, once puestos de trabajo en total. Obtuvo por esa mejora 30 puntos, casi 14 más que la puntuación obtenida en este apartado por el siguiente de sus competidores, CLECE.

La comisión técnica que valoró las ofertas y en la que participó Márquez pretendió con esta cláusula blindar ese incremento de plantilla y que no sucediera, como algunos apuntaron, que la empresa ampliara la plantilla sobre el mínimo exigido sólo si la demanda de actividades extraescolares fuera del horario lectivo era suficientemente elevada para ello. Con esas dos líneas la comisión salvaguardaba once puestos de trabajo.

Pero, Caballas ha encontrado otro documento, un decreto firmado por el propio consejero de Hacienda y candidato del PP al congreso, Francisco Márquez, con fecha 15 de noviembre, este martes, en el que anula esas dos líneas.

“En el punto 4º) de su Parte Dispositiva se recoge lo siguiente ‘La propuesta recogida en el cuadro anterior, relativa a la ampliación del personal ha de cumplirse desde el inicio del periodo de ejecución de este contrato’, cuando en realidad debe decir: ‘La propuesta recogida en el cuadro anterior, relativa a la ampliación del personal ha de cumplirse de acuerdo con lo que estipulan el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen este contrato”, reza el decreto firmado por Márquez este martes.

La corrección deja sin efecto la obligación de cumplir la contratación de once personas más de las estipuladas como mínimo en los pliegos de condiciones técnicas, ya que los mismos no especifican ninguna obligación ni condición a los contratos ofertados de más sobre la plantilla mínima. Esto es, abre la puerta a la empresa Arasti Barca a que sólo incremente la plantilla mínima y cumpla con su oferta en el caso de que la demanda de actividades extraescolares sea suficientemente elevada como para necesitar más personal.

Para Caballas se trata de un caso claro de prevaricación. “El criterio técnico para la adjudicación se basa en una mejora de la plantilla de 30 puntos. Si no fuera por estos 30 puntos no se hubiera quedado con la gestión de La Pecera. Es esa mejora en la contratación lo que decanta la adjudicación a su favor, sino serían la quinta oferta en puntuación. Con el criterio de Márquez le damos el contrato a la empresa peor valorada. Además no aseguramos los doce puestos de trabajo”, ha explicado Alí.

Caballas ha pedido al consejero que explique sus razones para firmar ese decreto y que deje claro cuál es el criterio. Para la coalición si no hay obligatoriedad en la contratación no se puede puntuar la mejora de plantilla ofrecida por Arasti Barca, con lo cuál no se llevaría el concurso. “Que explique porqué ha decidido tumbar el criterio técnico”, ha exigido Alí.

El líder de Caballas cree que “el PP mantiene una serie de intereses ocultos. Una empresa que es la peor puntuada al principio presenta una mejora en las personas a contratar, los técnicos dicen que vale, pero que contraten desde el inicio y Márquez se lo funde con un decreto”.

Por eso, Alí ha exigido además de explicaciones sobre el decreto que entiende “es contrario a la Ley, además de al criterio de los técnicos y al expediente de licitación”, la paralización “inmediata” de este expediente (está previsto que se firme el contrato la próxima semana) y una reunión con el Gobierno para aclarar el asunto.

Para la coalición lo que no puede ser es que se den los puntos por la mejora y luego se borre de un decretazo la obligación de mantener la oferta y ejecutarla. Si se dan los puntos y Arasti Barca se lleva el concurso cree Caballas que lo lógico es que cumpla con lo ofertado desde el primer día, si no hay esa obligación no se deben dar los puntos.

Si el Gobierno insiste en su postura, Caballas no descarta acudir a los tribunales, “estudiaremos acciones legales”, ha manifestado Alí, que recomienda a las otras empresas interesadas que acudan a la vía legal.

En caso de no ser válidos los puntos obtenidos por Arasti Barca por la mejora de la puntuación el contrato iría a parar a manos de la UTE Grupo Premier Academia SOCE.

"Esto no es más que un show, un escándalo artificial a tres días de las elecciones propio de Aróstegui"

Y las explicaciones que exigía Caballas al consejero han llegado. Francisco Márquez ha desdeñado a última hora de la tarde de este miércoles la denuncia formulada por Caballas, a la que ha asegurado que no da "la más mínima importancia" y que ha descrito como "un show, un escándalo artificial a tres días de las elecciones propio de Aróstegui y su trayectoria".

Márquez ha querido dejar claro que Arasti Barca deberá someterse "desde el minuto uno de su actividad" a "las mismas exigencias" que antes de su Decreto de ayer. "En la resolución técnica de adjudicación se introdujo un exceso de celo que, conforme a criterios técnicos también, se ha corregido de acuerdo con lo que dice la Ley, que es que antes de que comience la ejecución de un contrato no se pueden imponer exigencias sobre lo que recoge el Pliego", ha explicado.

"La adjudicataria del servicio de la Escuela Infantil, a la que ni siquiera conozco, deberá tener todo el personal en sus instalaciones y todos los servicios que se ha comprometido a ofertar operativos desde el momento en el que abra sus puertas, y si no lo hace deberá atenerse a las consecuencias que también prevén los Pliegos, incluida la rescisión del contrato", ha ampliado.