A falta de argumentos jurídicos, el portavoz del Ejecutivo local, Guillermo Martínez, ha optado por hacerle un juicio de intenciones este viernes al diputado de Caballas Juan Luis Aróstegui. El localista tiene mala fe, ha venido a decir el consejero cuando, en su comparecencia tras la reunión semanal ordinaria del Consejo de Gobierno se le ha preguntado por las advertencias del primer grupo de la oposición sobre la "ilegalidad" del expediente de modificación del Presupuesto de la Ciudad de 2011 que Márquez llevará al Pleno el miércoles para, concertando un crédito de 8,8 millones, pagar las deudas que acumula la Administración por sentencias judiciales en contra.

"Aróstegui quiere enfangar administrativamente el pago de una serie de cantidades que ha exigido abonar la Justicia", ha lamentado Martínez en declaraciones a los medios sin querer entrar al fondo del asunto, ya que según ha recordado será un tema que se encargue de defender su homólogo de Hacienda, Francisco Márquez, en la Cámara autonómica.

En cualquier caso, el portavoz gubernamental ha vuelto a recordar que la Ciudad Autónoma sigue contando con credibilidad ante los bancos para pedir fiado. "Si no quiere que se recurra a la financiación bancaria, que Aróstegui dija qué servicio o qué inversión debería retirar según su criterio el Gobierno para pagar esas deudas", ha invitado al diputado de la oposición.

Caballas ha hecho pública este viernes por la tarde la misiva que ha remitido al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, advirtiéndole de que tanto el expediente mencionado como otro con la misma denominación "incumplen los requisitos legales exigidos para su aprobación por el Pleno de la Asamblea, en el artículo 77 del Reglamento de la Asamblea".

Según la coalición, dicho texto señala "con rotunda claridad" que “simultáneamente a la exposición pública, se concederá a todos los Grupos Políticos un plazo de quince días hábiles para el examen del proyecto, durante el cual podrán presentar enmiendas parciales o a la totalidad, pudiendo incluso solicitar la devolución al Consejo de Gobierno del proyecto completo”.

"En ningún caso y por ningún procedimiento se ha facilitado a los Grupos de la Oposición ni la documentación del expediente, ni siquiera la notificación del acuerdo del Consejo de Gobierno sin que exista constancia alguna de la 'concesión del plazo' estipulado legalmente, tal y como ha quedado reconocido por el servicio de intervención en la propia Comisión", han recordado los localistas, que "para evitar una judicialización indeseada de este asunto" piden "que la propuesta no sea elevada al Pleno de la Asamblea hasta que no se haya concedido a los grupos de la oposición el periodo de audiencia previsto".

Las dos propuestas están incluidas, a pesar de todo, en el Orden del Día de la Asamblea.

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