Alertados por lo manifestado tanto por la empresa concesionaria de la limpieza viaria y la recogida de basuras, Urbaser, como por la concesionaria de las líneas de autobús, Hadú Almadraba, Caballas ha planteado al Pleno de la Asamblea, vía moción de urgencia la necesidad de que el Gobierno local inste a “todas las empresas con las que la Ciudad mantenga algún tipo de vinculación a que cumplan el acuerdo suscrito entre empresarios y sindicatos el pasado día cuatro de enero, y en caso contrario, se adopten las medidas oportunas, bien revisando el importe de los contratos o bien revisando a la baja las tarifas que proporcionen los ingresos, para evitar un enriquecimiento injusto logrado a expensas del enorme esfuerzo que hace el Ministerio de Hacienda en un periodo de profunda crisis”.

Tanto Urbaser como la empresa de autobuses Hadú Almadraba ya habían informado en el seno de los órganos que regulan la relación con los trabajadores su intención de no repercutir el porcentaje correspondiente de la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social en forma de incremento salarial, tal y como recoge ese acuerdo que firmaron patronal y sindicatos el pasado cuatro de enero. En concreto, los trabajadores tendrían que ver mejorado su sueldo mediante el llamado ‘plus de vinculación’ en 0,8 puntos por cada 5 puntos de bonificación, esto es, un 8 por ciento para cuando la bonificación alcance el 50 por ciento allá por 2014.

Y la preocupación de Caballas y su propuesta han encontrado el visto bueno, por unanimidad, de todo el Pleno de la Asamblea. E incluso más.

El consejero de Hacienda, Francisco Márquez, ha sido el encargado de darle la réplica al diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui. Y Márquez ha sido contundente: “Coincido radicalmente con lo recogido en la parte dispositiva de su moción”, ha manifestado.

Pero Márquez se ha tomado en serio el asunto y se ha bregado en dejar claro que el Gobierno no va a ser permisivo con el asunto y va a ser la punta de lanza en perseguir que la medida “lograda con el esfuerzo de todos” acabe llegando también a los trabajadores.

“No nos hace falta que nos exija nada, ni que nos supervise. Lo vamos a hacer y vamos a liderar las iniciativas que haga falta para que se cumpla con lo establecido”, ha dejado claro Márquez.

Tanto es así, que el Gobierno ya ha tomado cartas en el asunto y ha solicitado a Urbaser y a Hadú Almadraba que les remita por escrito su postura sobre este asunto al respecto porque de momento el Gobierno, tal y como ha dejado claro Márquez, no tiene información al respecto. Esa información se la ha ofrecido el propio Aróstegui, que ha aclarado que la negativa a repercutir su parte a los trabajadores la han explicitado a los delegados de personal de esas empresas.

Si la respuesta requerida por el Gobierno es la anunciada a los delegados de las empresas, Márquez lo tiene claro: “actuaremos en consecuencia”. Y esa actuación irá de la mano de los servicios jurídicos del Ayuntamiento a los que se le planteará la posibilidad de aplicar medidas como las propuestas por Caballas o cualquier otra que se les ocurra al Gobierno o a los jurídicos.

Aróstegui que ha hecho una extensa defensa de su propuesta ha recordado que, entre otras cosas, la medida y el acuerdo suscrito entre empresarios y sindicatos persigue contribuir a reducir la diferencia salarial entre el sector público y privado. Un sector privado cuyos empleos están, en opinión de Aróstegui, “desprestigiados” y no gozan de “consideración” por parte de la ciudadanía que aspira de forma mayoritaria a trabajar para la administración.

Aróstegui ha tildado de “mezquinos” a los empresarios que pretenden “apropiarse de la parte de los trabajadores”. “La medida pretende que todos vivan mejor no sólo unos pocos empresarios cicateros”, ha subrayado Aróstegui.

El PSOE ha declinado intervenir en el debate, pero ha votado a favor de la propuesta. Una decisión que no ha estado exenta de suspense si se tiene en cuenta que tras la aprobación de la extensión y ampliación de las bonificaciones, su líder, José Antonio Carracao, se manifestó públicamente en contra de que la medida repercutiera en los trabajadores.