Mientras la Delegación del Gobierno en Ceuta espera y parte de la comunidad educativa desespera mientras aguarda que concluya de una vez la tramitación administrativa del nombramiento del profesor de la Universidad de Granada (UGR) Cecilio Gómez como nuevo director provincial de Educación, la Junta de Personal Docente No Universitaria ha aprobado ya, por unanimidad, su catálogo de peticiones más perentóreas para poner sobre la mesa de su nuevo interlocutor.

El documento recoge todas las reivindicaciones no satisfechas durante las últimas dos, tres, cuatro legislaturas, entre ellas la que todo el mundo dice estar convencido de que es imprescindible atender ya y nadie consigue lograrlo: construir nuevos centros educativos para, como consecuencia directa, reducir las disparatadas ratios de alumnos por aula de la ciudad autónoma.

"La crisis no puede ser escusa para retrasar más la puesta en marcha de un Plan Urgente de Construcciones Escolares que dote a la Ciudad de una red de centros adecuada a las demandas de la población escolar", opinan CCOO, UGT, ANPE y CSI.F, cuyos responsables creen que "en esta materia Ceuta vive una situación de emergencia, y como tal es preciso actuar". Para resolverla, aseguran que "como mínimo es preciso construir inmediatamente un Instituto de Secundaria, dos colegios de Educación Infantil y Primaria y otro centro de Educación Especial".

Ello debería repercutir inmediatamente en "el establecimientos de una ratio de alumnos por grupo óptima en Primaria y Secundaria que permita impartir docencia en condiciones aceptables, una de las reivindicaciones más demandadas por el conjunto del profesorado y que más relación tiene con el intento de combatir el fracaso escolar".

"La Administración tiene la obligación de implementar las medidas pertinentes para evitar la escandalosa masificación de la aulas que agobia al profesorado y preocupa al conjunto de la comunidad educativa", exige la Junta de Personal Docente, que demanda que, "en ningún caso, se supere los 25 alumnos por aula; y en aquellos casos calificados de difícil desempeño o especial dificultad, en educación infantil, ninguna unidad supere los 20 alumnos".

En el contexto de masificación denunciado, "la situación de la Educación Infantil es insostenible", amplían los representantes del profesorado, que reclaman "medidas inmediatas y urgentes que permitan recuperar la normalidad en este nivel educativo" como que cada centro tenga asignada una dotación de tres maestros por cada dos unidades o la incorporación de Técnicos de Educación Infantil para la atención a los grupos del primer nivel.

Crear aulas de inmersión lingüística de acogida; incorporar a las plantillas de los centros profesionales especializados en ámbitos socioeducativos; e incrementar el profesorado disponible de apoyo son algunas de las reivindicaciones subrayadas "para aplicar correctamente la flexibilidad prevista en la Orden Ministerial de Atención a la Diversidad en los grupos con alumnos con necesidades educativas especiales".

Política de escolarización

La Junta considera que debe ser "un objetivo estratégico" para Cabrera y su equipo, "en orden a superar las cifras de fracaso escolar", lograr "un grado racional de uniformidad del alumnado entre todos los centros sostenidos con fondos públicos". "En la actualidad se aplica una política notoriamente desequilibrada que termina por concentrar en un grupo limitado de centros un elevadísimo porcentaje del alumnado conflictivo", lamentan los sindicatos, que exigen "una nueva política de escolarización orientada a lograr un grado racional de uniformidad entre la población escolar de todos los centros sostenidos con fondos públicos" y "criterios objetivos de distribución del alumnado con necesidades educativas especiales".

El órgano que preside Juan Luis Aróstegui considera "imprescindible" la constitución de un órgano de negociación propio "en el que podamos plantear nuestras reivindicaciones y alcanzar acuerdos vinculantes, tal y como hacen el resto de comunidades", así como "modificar a la mayor brevedad posible" la Orden de Interinos "en el sentido consensuado por todos los sindicatos y las dos ciudades y "resolver definitivamente el tratamiento de las listas uniprovinciales, el derecho de las aspirantes en baja por maternidad, y el cobro del verano".

"En la Mesa de Negociación, y como primer objetivo, debemos refrendar los acuerdos pendientes de cumplimiento (en especial la equiparación del complemento específico a la media de las comunidades autónomas), independientemente de que se pacte un nuevo calendario de materialización en función de la evolución de la situación económica", opina la Junta Docente, que entiende que "la atípica situación administrativa de Ceuta ha impedido que se haya desarrollado el proceso de modernización de la normativa vigente, tal y como ha sucedido en el resto de comunidades". "Es urgente poner en marcha un proceso negociado de revisión y actualización de la normativa vigente", solicita.

 

Movilidad, sustituciones y PAS

"Establecer un sistema ágil de sustituciones que garantice la cobertura de las bajas a partir del tercer día" y regular la figura del 'profesor desplazado' y los criterios de concesión de las Comisiones de Servicio son otras dos asignaturas pendientes en Ceuta, a juicio del colectivo docente.

Los representantes del profesorado también creen que "las plantillas de los centros están bajo mínimos". "A pesar de las constantes reivindicaciones, la Administración no se ha tomado en serio esta cuestión: entre planes de empleo, y programas similares, de dudosa legalidad, han improvisado soluciones; pero no ha resuelto el problema, por lo que es necesario dotar a los centros de plantillas suficientes y estables, cubiertas por los procedimientos legalmente establecidos", piden.

La veintena de reivindicaciones consensuada reclama igualmente "presencia sindical efectiva en todos los procesos de baremación de méritos", que el Foro de la Educación de Ceuta "ejerza efectivamente la competencia de elaboración del Calendario Escolar local" e "incrementar el número de centros a los que se le asigne la condición de 'Difícil Desempeño”.

Con la intención de "dotar de estabilidad a las plantillas de los centros" y de "reducir los elevados índices de precariedad en el empleo (hasta situarlo en un 8%)", dado que "no implica coste económico alguno", el Ministerio debe, a juicio de la Junta, "en coordinación con el resto de Comunidades Autónomas y en especial con Andalucía, procurar articular ofertas públicas de empleo ajustadas a la necesidades reales del sistema, tanto en su volumen total como en la distribución de especialidades".

- Consulte, íntegro, el documento aprobado por unanimidad por la Junta de Personal Docente