El Gobierno no descarta aplicar la reforma laboral al sector público, pero mantendrá el empleo


El Gobierno no descarta aplicar la reforma laboral al sector público, pero mantendrá el empleo

- El PSOE quería que el Ejecutivo expresara su compromiso de no aplicar en el sector público la nueva reforma laboral para tranquilizar al personal laboral

- El Ejecutivo ha rechazado la propuesta, pero Márquez asegura que se mantendrá el empleo hasta el límite de las posibilidades

Ante el proceso abierto de reestructuración en el sector público, tanto en la propia administración local, como en las empresas que penden de ella, y la incertidumbre generada en buena parte de las plantillas, especialmente en los trabajadores que tienen la etiqueta de ‘laborales’, el PSOE de Ceuta ha llevado al Pleno una propuesta para que el Gobierno asumiera un compromiso de “no hacer uso de las medidas contempladas en el Real Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral”.

Y el PP ha preferido no atarse las manos. Se ha dejado la puerta abierta a aplicar la nueva normativa laboral, que permite reducir plantillas si las circunstancias económicas u organizativas así lo aconsejas, al tiempo que por boca del máximo responsable del a reestructuración, el consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Márquez, aseguraba que la reordenación del sector se hará siempre bajo la premisa de “mantener el empleo hasta el límite de las posibilidades”. Una muletilla reiterada, la de “hasta el límite de las posibilidades”, que ha dejado muchas dudas en los socialistas.

Márquez ha defendido la inclusión de reformas específicas del mercado laboral de las administraciones públicas y las ha explicado tomando como base el incumplimiento de los objetivos marcados en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera que en el pasado mes de julio presidió la ministra socialista, Elena Salgado, y en la que las autonomías y el Gobierno acordaron un importante recorte y reestructuración de ese sector empresarial público.

Las medidas contempladas en la reforma, según el argumentarlo de Márquez, estarían enfocadas en permitir que las autonomías, que renovaron su compromiso con esa reordenación ya con el Gobierno del PP y lo hicieron por unanimidad, tengan herramientas con las que acometer esa reestructuración que en muchos casos llevará aparejada la desaparición de empresas públicas.

Si bien, ese no tiene porqué ser el caso de Ceuta. Márquez ha reiterado que la reestructuración que está acometiendo el Ejecutivo local tiene como premisa el “mantenimiento del empleo hasta el límite de nuestras posibilidades”. Y el consejero no ha escondido que ese límite es económico y que en buena parte estará condicionado por el Presupuesto General del Estado que aprobará el Gobierno de Rajoy en primavera, tras las elecciones en Andalucía y Asturias.

Se trata de racionalizar el gasto sin perder empleos. Una especie de cuadratura del círculo que hace despertar muchas sospechas negativas a Carracao. El líder socialista acusó al Gobierno del PP de ser el responsable del desmán que vive el sector público ceutí generando y contratado personal que ahora se ve pudiera no ser necesario.

Trabajadores que quizás podrían quedarse en la estacada y contribuir a agrandar el problema del desempleo en la ciudad. “Han creado una realidad económica paralela”, le ha llegado a decir Carracao a Márquez, al que ha insistido: “El Gobierno debería pronunciarse de forma contundente para tranquilizar al personal laboral”. Al final el Ejecutivo se deja la puerta abierta a acometer despidos, aunque reitera que no es su intención.

El Gobierno no descarta aplicar la reforma laboral al sector público, pero mantendrá el empleo


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