El famoso Plan de Pago a Proveedores ha vivido este martes su secuela con un debate con dura dialéctica de la oposición hacia el Gobierno. El PP ha aprobado en solitario con sus 15 votos (faltaban Márquez, Deu y Ana Cohen) una segunda remesa de facturas, 371, que se pagarán por valor de 2,7 millones de euros con cargo al crédito ICO que habilitó el Gobierno de Rajoy para que los Ayuntamientos de toda España pudieran pagar la deuda pendiente anterior a 2012 con sus proveedores.

Con este nuevo préstamo, el Ejecutivo de Vivas ha reconocido y terminará por pagar cerca de 83 millones pendientes a proveedores de la Ciudad Autónoma que han visto asfixiadas sus cuentas por culpa de la demora en el pago de la Administración Local. Los pagará a los proveedores y los tendrá que devolver al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a un 5,9 por ciento de interés.

El Ejecutivo ha cumplido con el trámite de este martes con el último requisito para que otras 52 empresas puedan ver saciada al menos parte de su deuda con la administración. Y es que Martínez ha informado durante el debate que no se ha dado el visto bueno a otro importante monto de facturas que hubieran sumado 35,5 millones de euros más de deuda de haberse aceptado, disparando por encima de los 120 millones la deuda de la Ciudad Autónoma con sus proveedores.

De las no reconocidas el 48,5 por ciento se han tirado para atrás por no obtener el visto bueno de los técnicos. En total 17,3 millones de euros que la Ciudad Autónoma no pagará y que se corresponden en un 90 por ciento con grandes empresas de ámbito nacional, que “reclaman servicios prestados con los que no está de acuerdo” el Ayuntamiento, según ha explicado Martínez.

Otro 20 por ciento de las no aceptadas estaban duplicadas. Un 12,5 por ciento más de esas facturas no aceptadas ya se habían pagado. El 4 por ciento habían prescrito, el 6 por ciento eran de 2012 y no cumplían con el primer requisito, ser anteriores al uno de enero de este año, otro uno por ciento correspondía a deuda contraída con entidades de carácter social que tampoco podían acogerse al Plan.

La montaña de datos arrojada por el portavoz del PP y consejero de Economía y Hacienda no ha desviado el punto de mira de la oposición que ha cargado con dureza contra la gestión del Gobierno de Vivas en estos diez años que ha devenido en esta deuda y en esta situación.

El diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, ha sido especialmente duro para justificar el voto en contra de su grupo, tal y como ya hiciera con la primera parte del Plan de Pago por valor de 79,5 millones de euros. “Este es el Plan para Ayuntamientos fracasados que tiene por objeto blanquear comportamientos inadecuados como son las facturas sin consignación presupuestaria. Esto es el resumen de diez años de despilfarro y descontrol que ha hipotecado el futuro de la Institución y que la ciudadanía pagará al 6 por ciento de interés durante los próximos diez años por facturas que nunca debieron producirse”, ha atacado Aróstegui.

Para dar más peso a ese argumentarlo, Aróstegui ha elegido una factura de las 371 que componen este segundo lote. Las que cobrará el diario La Razón. Aróstegui ha destripado un convenio firmado por el anterior consejero de Hacienda, Francisco Márquez, con el diario para publicidad e imagen corporativa en abril de 2011, “a las puertas de las elecciones. Desde el punto de vista legal esto encaja en el Código Penal. Habría que haber abierto un concurso. Esa deuda es ilegal”, ha disparado Aróstegui.

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En concreto el convenio recogía acciones de promoción de Ceuta por valor de 75.000 euros, que tal y como ha explicado Martínez en la réplica tampoco se llegaron a desarrollar en su totalidad. Tan sólo se pagan facturas sueltas por publirreportajes concretos para promocionar la imagen turística de la Ciudad coincidiendo con la celebración de FITUR, los incentivos fiscales de Ceuta o la Feria de Ceuta.

“Contratan ilegalmente, no pagan y ahora pagan los ceutíes”, ha resumido Aróstegui. “¿Se puede pedir el voto favorable a esto?”, se ha preguntado el de Caballas para acto seguido responderse él mismo. “Somos la ciudad con más endeudamiento de España. El Ayuntamiento está colapsado económicamente. La deuda se ha contraído sin control y fuera de la legalidad. No podemos ni asumir, ni comprender, ni entender esto. Sólo cabe denunciarlo. Es nuestra obligación moral. Son comportamientos intolerables”, ha zanjado.

En su defensa, Martínez ha utilizado el recurrente mal de muchos, aludiendo a que al Plan se han acogido casi todos los Ayuntamientos de España y ha ironizado: “Lástima que Caballas no se presente en el resto del país para solucionar todos los problemas”. Martínez ha defendido los diez años de gestión de Vivas repasando una vez más el cambio dado por la Ciudad en infraestructuras, calidad de los servicios comunitarios y equipamientos urbanos.

“Se acoge a una anécdota”, le ha reprochado el del PP al de Caballas en alusión al pago pendiente con La Razón. Martínez ha defendido la publicidad realizada con este diario no por “ganar elecciones locales” ni por que sea amigo del PP, como había acusado Aróstegui, sino por ser un diario de tirada nacional “con unos precios más razonables que otros”. “Las facturas que se recogen no llegan al 50 por ciento de lo que el acuerdo reconocía”, ha defendido Martínez, que ha enfatizado que más allá del convenio, finalmente lo que se contrató fueron anuncios individuales y puntuales, para defender que no era necesario concurso alguno, tal y como había reclamado Aróstegui.

Martínez también ha rebatido el dato de ciudad más endeudada, a pesar de reconocerlo, ya que el ranking, tal y como ha recordado después, Aróstegui, lo elabora el propio Ministerio de Hacienda, ha defendido que la capacidad de ingresos de Ceuta no es la misma que por ejemplo el Ayuntamiento de Alcorcón. “No todas las facturas son así”, ha añadido al final, reconociendo en parte, la maldad del convenio firmado con La Razón. “Cada factura viene conformada por los servicios técnicos de la Ciudad”, ha apostillado.

Mala gestión que hace peligrar el empleo

Carracao ha compartido el argumento de Caballas de la mala gestión del Gobierno, pero ha puesto el énfasis en el peligro que para los empleos supone que la Ciudad Autónoma acumule retraso en los pagos.

Los socialistas también han criticado que fruto de una práctica “que viene siendo la habitual en los últimos tiempos y que el PSOE lleva señalando hace tiempo, ahora pagamos todos por esa mala gestión al 6 por ciento de interés”.

Carracao se ha esforzado en explicarle a Martínez que esos impagos ponen en riesgo las economías familiares y los trabajos de muchos empleados de las empresas a las que se le debe dinero, mucho más importante que los beneficios empresariales. Y también ha optado por citar un ejemplo. El de Luna Blanca, a la entidad se le deben más de 100.000 euros. “No es una anécdota”, ha anticipado con cierta agilidad después de la respuesta de Martínez a Caballas, “Hay seis trabajadoras que no cobran su nómina desde diciembre con lo que ello conlleva de sobre cargo a su economía familiar. Cuando el Gobierno deja de hacer frente al pago a proveedores va contra el interés emrpesarial y también contra sus trabajadores”, le ha lanzado a Martínez.

Martínez comenzó su defensa por la de su compañero ausente y predecesor en la Consejería de Hacienda, Francisco Márquez. Carracao había criticado el desconocimiento de la deuda por parte del Gobierno ante las reiteradas peticiones de la cifra por parte del PSOE, “Primero dijo que eran 20 y luego 25, finalmente parecía que eran 80 y ahora son 83”, había manifestado Carracao.

“Estoy convencido de que Márquez decía lo que sabía y la información que tenía. Si dijo 25 es porque era la información que tenía en ese momento. Los primeros sorprendidos hemos sido nosotros en cuanto al volumen de facturación pendiente a proveedores”, ha reconocido Martínez.

El portavoz del PP ha vuelto a reprochar al PSOE que parte del desplome presupuestario se debe a acciones como las de Gabilondo que dejó sin firmar y sin consignar el convenio entre el Ministerio de Educación y la Ciudad generando un agujero de 2 millones de euros. Carracao ha entrado al trapo y le ha pedido a Martínez que no use más ese argumento y reconozca que fue el propio PP quien pidió al Gobierno saliente que no comprometiera ningún gasto que fuera más allá del mantenimiento de la propia estructura de la Administración, como por ejemplo el convenio citado.

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