El Tribunal de Cuentas censura la alocada política económica de la Ciudad en 2008 y 2009


El Tribunal de Cuentas censura la alocada política económica de la Ciudad en 2008 y 2009

- El órgano fiscalizador constata que "en la ejecución de la totalidad de los contratos de obra examinados se observan significativas y frecuentes demoras no justificadas"

- El TCu pone en la picota las previsiones presupuestarias del Gobierno de Vivas por fallidas, la concesión de subvenciones y la firma de convenios "no fundamentada" y la concertación de créditos sin justificar capacidad para pagarlos

El Ejecutivo local debería temer los informes del Tribunal de Cuentas (TCu) más que a un nublado. Cada dictamen del órgano fiscalizador supone un nuevo varapalo para su gestión política por mucho que los dictámenes aparezcan, siempre, desactualizados. El que acaba de publicar, sobre lo que hizo el equipo de Vivas con lo público en los ejercicios 2008 y 2009, desnuda que, a pesar de que la crisis ya había estallado y no había forma de ocultarla, el Ejecutivo local siguió endeudándose de forma, a tenor de su diagnóstico, alocada.

"El endeudamiento financiero de la Ciudad se situó, al 31 de diciembre de 2008 y 2009, en 85,5 y 142,3 millones de euros tras unos incrementos interanuales del 25% y del 57%, lo que ha motivado que sobrepasase los límites fijados en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de marzo de 2003", concluye el TCu.

Al Tribunal tampoco le satisface la forma en la que el Gobierno de Vivas aplicó un Plan de Saneamiento en 2009 que "no incluyó ninguna medida de gestión y administrativa a aplicar por la Ciudad que fundamentase la capacidad de pago para cancelar la operación concertada en el plazo comprometido" y denuncia que, mientras que el Ejecutivo de Vivas anunció que cerraría 2009 con 11,1 millones de superávit, en realidad lo hizo con 7,2 en negativo.

Es decir, que nada fue lo que se planeó: "En las liquidaciones de 2010 y 2011 se ponen de manifiesto, nuevamente, significativas diferencias entre los ahorros netos previstos en el plan y los ahorros netos reales, lo que constata que las estimaciones presentadas no se ajustaron al criterio de prudencia".

No es la única crítica al desempeño gubernamental. "En la fiscalización de subvenciones para el desarrollo de actividades y proyectos de interés educativo o cultural se han puesto de manifiesto carencias en el contenido de las bases reguladoras de las ayudas", destaca el TCu, que denuncia "ausencia de controles financieros", entre otras taras.

Tampoco satisface a los fiscalizadores que los convenios que rubrica la Ciudad suelen tener como objeto "actividades genéricas y no singularizadas", así como su aceptación "no fundamentada en informes o propuestas justificativas de su necesidad o conveniencia".

Contratos de consultoría, asistencia o servicios

Mäs: "En numerosos expedientes de contratos de consultoría, asistencia o servicios no se justifica con concreción la insuficiencia, falta de adecuación o conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales de la Administración para cubrir las necesidades objeto de los respectivos concretos" y "en la mayoría de los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos adjudicados por concurso no se especificó la forma de valorar los diferentes criterios".

Para más inri, "la tramitación de emergencia se utilizó indebidamente en alguno de los expedientes así tramitados y examinados al no haberse justificado la existencia de los supuestos de hecho requeridos por la Ley para la utilización de este procedimiento excepcional". El corolario lo pone la constatación de que "en la ejecución de la totalidad de los contratos de obra examinados se observan significativas y frecuentes demoras no justificadas y no siempre amparadas en la concesión de las correspondientes prórrogas".

El Tribunal recomienda a la Ciudad, para concluir, "una revisión sobre la oportunidad del mantenimiento" de ciertas sociedades mercantiles y exige "continuar con la depuración y regularización de saldos antiguos o sin movimiento de los deudores y acreedores presupuestarios y no presupuestarios", así como "agilizar los trabajos para la elaboración y aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración".

- Consulte el informe íntegro del Tribunal de Cuentas

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