La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, ha dictado este miércoles una sentencia en la que desestima el recurso interpuesto por Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta contra la resolución de la Delegación del Gobierno que declaraba la extemporaneidad y la falta de cobertura legal de la concentración auspiciada para este jueves en la Plaza de los Reyes a las 19.00 horas por las centrales docentes, la FAMPA y el Sindicato de Estudiantes.

La sentencia expresa textualmente que “tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo, consideran que las reuniones en lugares de tránsito público, como la aquí pretendida, pueden prohibirse por el incumplimiento de los plazos que para la comunicación previa se establecen en el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/83”.

Además, matiza que "no concurren causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la citada convocatoria, dado que la protesta se realiza respecto de la política educativa general del Gobierno sin que los convocantes hayan indicado una acción concreta del Ejecutivo contra la que pretenden protestar, que se haya llevado a cabo en los diez días anteriores a la concentración convocada".

Por otra parte, la sentencia dictada por el Tribunal condena en costas a los recurrentes, según ha explicado la institución de la Plaza de los Reyes en un comunicado a los medios.

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) de Ceuta ha comunicado este miércoles a primera hora de la mañana a la Delegación que piensa desarrollar una movilización en el mismo sitio y a la misma hora apelando como razones de "urgencia" a su deseo de hacerla simultánea con la que se celebrará en Melilla y que no se aplique a rajatabla el plazo mínimo de diez días de antelación para poder desarrollar una concentración en la vía pública.

Hasta 300 euros para los asistentes; 30.000 para promotores

La institución de la Plaza de los Reyes debe, a juicio de los promotores de la iniciativa, responder denegando también la posibilidad de desarrollarla. En caso de silencio administrativo, entenderían que gozan del beneplácito para movilizarse.

González Pérez advirtió ayer de que se utilizarán los elementos administrativos existentes para sancionar a quienes "vulneren la Ley", en primer lugar promoviendo la imposición de sanciones "pecuniarias" contra el convocante, el secretario de Organización de CCOO-Ceuta, Ramón del Valle-Inclán. La Ley prevé multas de hasta 300 euros para asistentes a movilizaciones desautorizadas y de 30.000 para sus promotores.

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