Nada detiene las obras en el 'rascacielos' del centro del Príncipe, el edificio de siete plantas levantado durante los últimos tres años contra resoluciones administrativas y judiciales, órdenes policiales y medidas preventivas inútiles. Desde Semana Santa, sus promotores, supuestamente ignotos pero perfectamente conocidos en el Palacio de la Asamblea, han procedido a acristalar el ático con techo solar que corona el inmueble, que supuestamente será demolido más pronto que tarde.

A falta de empresas locales dispuestas a asumir el encargo, la Consejería de Fomento encargó en marzo a Tragsa con un Decreto modificado por otro nuevo en abril echar abajo la torre a cambio de algo más de 283.000 euros.

Según las fuentes consultadas por Ceutaldia.com, Tragsa está trabajando en un trabajo que se augura complicado. En primer lugar, técnicamente, pues "hay que demoler sin tocar las construcciones anexas, cortar la calle, reforzar la seguridad, etcétera". Las Fuerzas de Seguridad también están calibrando hasta la necesidad de contar con refuerzos peninsulares para blindar la operación.

En el vecindario sospechan, según han alertado algunos residentes, que las cosas todavía podrían complicarse más. "Se acerca el día", recelan, en que esas viviendas sean ocupadas y se compliquen infinitamente los tramites de demolición de este edificio porque cuando llegue ese momento dirán que 'estamos desbordados' y que al problema del desalojo se suma el del realojo de más de 60 personas", recelan.

Tragsa tendrá tres meses a partir de la fecha de firma del acta de replanteo e inicio de las obras para ejecutar la demolición de un inmueble que se ha convertido en paradigma del ladrillo ilegal desde agosto de 2015, cuando la Policía Local dio la voz de alarma por primera vez: venía observando que se estaban realizando obras que evolucionaban con gran rapidez, primero tres plantas, al rato seis, con el tiempo siete, y que se había intentado localizar al promotor o propietario, “siendo negativa dicha identificación”.

El Ministerio de Defensa corroboró que “como consecuencia de las inspecciones periódicas que realiza la patrulla del Servicio de Vigilancia y Control  Permanente de Parcelas del Negociado de Propiedades se ha detectado en la parcela denominada ‘Príncipe Alfonso’ una obra de mampostería consistente en la demolición de una vivienda y su posterior construcción de otra en tres plantas de mampostería, desconociéndose al responsable de las mismas”.

En septiembre de ese mismo año, la Consejería incoó un procedimiento sumario para “obras incompatibles con el Ordenamiento” y de protección de la legalidad urbanística contra una persona que negó tener relación alguna con las obras. En diciembre, la Inspección de Trabajo reclamó “máxima celeridad y urgencia en la tramitación del expediente de disciplina urbanística necesario para el derribo del edificio” mientras la Policía seguía apreciando “grandes avances durante los fines de semana”.

En enero de 2016 el Gobierno decidió dar cuenta los hechos a la Fiscalía pero en marzo las obras seguían avanzado pese a las medidas cautelares ordenadas, incluso por el Juzgado de Instrucción número 1.  “Ha sido precintada en varias ocasiones, rompiéndose el precinto en cuestión y retomando los trabajos en la zona”, alertaron los agentes. En agosto de 2016, el Juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa.

En octubre de 2016, la Consejería mandó  la “inmediata” suspensión o paralización “de las obras que ilegalmente se están ejecutando” en la ‘torre’ del Príncipe Alfonso y cifró el presupuesto de demolición de las mismas en 36.464,85 euros para proceder a su ejecución en el plazo de noventa días.

Ante la “situación de la situación de grave peligro para las personas generada por la referida obra no legalizable” y “al objeto de proteger la seguridad e integridad física de las mismas” se ordenaron varias medidas cautelares más como proteger el inmueble con una red de poliamida “en todas y cada una de las fachadas del edificio”; la ejecución de una fábrica de bloque de hormigón en el acerado “para impedir el paso de los peatones bajo la vertical de la fachada principal a la calle Central” y la instalación de barandillas “en la planta séptima y castillete, ya que se encuentran sin carpintería”.

Todo ello tenía que acometerse en no más de quince días. A la Policía Local se encargó “vigilancia continuada de las mencionadas obras para garantizar la total interrupción de la actividad hasta tanto se proceda a la completa demolición de lo indebidamente ejecutado”.

El pasado 14 de diciembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, en el auto 502/2017, autorizó la entrada en la obra "para llevar a cabo la forzosa ejecución de demolición". Dicha entrada deberá llevarse a efecto en el plazo de seis meses a partir de la comunicación de la resolución. En marzo de este mismo año, la Policía Local volvió a constatar que seguía la actividad ilegal. Y sigue.