La Comisión Local de la Vivienda se reunirá este jueves para casi finiquitar la puesta en marcha y entrega de las 317 VPO de Loma Colmenar. Se corregirán errores materiales detectados en las listas definitivas de beneficiarios, se resolverán los recursos de alzada presentados, se atenderán varias propuestas sobre los cupos de violencia de género y discapacitados y se aprobarán el modelo de arrendamiento y los precios de renta que deberán abonar los inquilinos.

Cada uno de ellos pagará, de acuerdo con la propuesta del Gobierno de Vivas, una cantidad anual equivalente al 2% del precio de venta máximo para vivienda, garaje y trastero, el mismo porcentaje que hace cuatro años se estableció para los adjudicatarios de las 170 casas anexas al Hospital Universitario. Ello supone menos de la mitad del 4,5% fijado en el Real Decreto que reguló el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

En términos absolutos, las rentas oscilarán entre un mínimo de unos 170 euros y un máximo de cerca de 265, gastos de comunidad incluidos, según las tablas elaboradas por la sociedad municipal Emvicesa casa por casa. La Administración prevé exigir a los adjudicatarios que, además de la fianza, tengan que abonar una mensualidad de renta “a la firma del contrato” con el fin de sufragar “la puesta en marcha de los servicios comunes”.

El modelo de contrato de arrendamiento apuesta porque el importe total de la renta incluya los gastos de comunidad (mantenimiento y teléfono de ascensores, agua, limpieza, seguro, administración, IPSI, placas solares, aljibes, motores de agua...), que tendrán la consideración de alquiler, por lo que "no incrementarán el importe máximo de renta acordado".

La renta se revisará anualmente “aplicando la variación porcentual experimentada por el IPC”. Los contratos obligarán a los arrendatarios a “no utilizar simultáneamente por cualquier título ninguna otra vivienda de protección pública” y a ocupar la que les ha correspondido en Loma Colmenar “en el plazo de tres meses” para hacer de ella “su domicilio habitual y permanente”.

Además de los gastos de “consumo, instalación, reparación, contratación o ampliación de los servicios de agua, luz, gas y teléfono”, los adjudicatarios deberán hacer frente a cualquier reparación “que tenga su origen en daño doloso o negligente”. Los arrendatarios también asumirán la “conservación” de las viviendas, asumiendo la obligación de entregarlas “en las mismas condiciones en las que las encontraron”.

Ni subarriendos ni obras

Los contratos "prohibirán" de manera expresa "el traspaso, cesión o subarriendo total o parcial de la vivienda y anejos arrendados”. Igualmente estará vetada “la realización de obras de modificación, mejora o reforma sin previa autorización escrita de la propiedad”.

No destinar la vivienda “a domicilio habitual y permanente” también será causa de resolución de contrato, como los dos comportamientos anteriores prescritos o “la falta de pago de las rentas o de las cuotas complementarias que sean exigibles por servicios o gastos comunes”.

La adjudicación de cada casa ¡a los beneficiarios se efectuará atendiendo a su número de inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda, empezando por la planta baja del primer bloque y terminando por la más alta del último, sin margen para la discrecionalidad, como habían planteado algunos adjudicatarios. Es decir, se repartirán "en función del tamaño familiar en relación al número de dormitorios" y "con orden escrupuloso de número de registro de demandante de vivienda".