La asociación 'Afectados por Hacienda' ha reclamado este jueves en un comunicado a los medios "que cese la arbitrariedad de atender exclusivamente al cargo o empleo del reclamante" en los procesos que llegan al  Tribunal Económico Administrativo Local y "que deje de emitir resoluciones contradictorias" y "estandarizadas".

Según ha explicado, desde principios de 2017 se han ido sucediendo sentencias favorables, más de veinte, "a los contribuyentes que trabajan en Ceuta y que residen en la ciudad" y "parecía que el problema creado por la Agencia Tributaria, que negaba la residencia a los contribuyentes que disponían de su tiempo libre y fines de semana para viajar a la península o visitar a su familia, ya había tocado a su fin".

Sin embargo, "con la llegada de la nueva ponente comenzaron a llegar fallos favorables para los contribuyentes en el tema de la residencia en Ceuta y la oleada de cordura y concordancia con el Tribunal Superior de Justicia, con el texto de la Ley de IRPF y con la propia equidad y sentido de la Justicia se ha visto frenada".

La asociación ha criticado que las últimas decisiones del Tribunal Económico "se han traducido en fallos diametralmente opuestos a los que se habían dictado tan solo unos meses atrás y sin que haya variación jurisprudencial por parte del Tribunal Superior de Justicia o cambio legislativo que afecte al resultado".

Así, tras revisar más de una docena de fallos del Tribunal Económico administrativo recientemente notificadas, ha observado "con estupor" que "se están estimando resoluciones a determinados colectivos (Guardia Civil y Policía) y desestimándose al resto de los colectivos de la ciudad pese a que son aportadas un mayor número de pruebas".

"Esta discrecionalidad, que atiende más al empleo del reclamante que al propio fondo del asunto, ha activado todas las alarmas de la asociación, pues de nuevo decenas de familias han de acudir a la vía jurisdiccional para resolver un desacierto continuado", ha lamentado sobre la nueva postura de un Tribunal que, a su juicio, en sus fallos "no sabe distinguir entre estancia y residencia, no aplica el artículo 72 de la Ley de IRPF, inventa los 183 días, ni entiende ni aplica el concepto de presunción legal, usa un lenguaje idéntico al de las liquidaciones impugnadas y modelos estandarizados de fallos con igual contenido sean estimatorios o desestimatorios".

Según AxH "el coste para los ciudadanos por este tipo de actuaciones es muy alto, ya que el erario público ha de costear los gastos de representación, mayores intereses de demora y costas procesales sin que nadie se responsabilice de tal sangría". Para el afectado "supone tener que contratar un abogado y procurador, acudir a los Tribunales de Justicia y esperar durante años una sentencia, con lo que se prolonga el dolor de las familias innecesariamente".

A través del correo [email protected] la asociación atiende las demandas de los afectados "que se encuentren en situaciones de desamparo y qué no sepan como actuar o como defenderse de tal agresión".