Amgevicesa ha decidido abortar el procedimiento iniciado para, con una oferta al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), incorporar a 32 vigilantes a su plantilla. “La sociedad se retrotrae a la situación inicial porque se ha detectado un defecto de forma en la contratación y se ha atendido la reclamación presentada por un sindicato”, han justificado fuentes del Gobierno local después de que FeSP-UGT mostrase su indignación por los cauces utilizados para la cobertura de puestos “estructurales” en distintos emplazamientos de la Ciudad como “Mercados, cementerios y Centros de Menores”, vacantes que desde el punto de vista de los ugetistas tienen que salir a oferta pública de empleo.

FeSP-UGT alertó el domingo de que el proceso le parecía “a todas luces irregular, sobre todo existiendo un proceso de formación de bolsas de trabajo cuya baremación sigue sin efectuarse”. Además, discrepa de que con una plantilla en constante contracción, en lugar de incluir la cobertura de vacantes en una oferta pública de empleo la Administración opte "por recurrir al SEPE vulnerando los derechos de la ciudadanía a presentarse".

Por añadidura advirtió tampoco se habían respetado las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad para 2020, que “imponen la obligación” de que “todos los actos y acuerdos que supongan incremento del Capítulo I, sea como consecuencia de aumento de retribuciones o de contratación de nuevos empleados, en la administración de la Ciudad y sus organismos autónomos y sociedades mercantiles, habrán de contar con la autorización previa del Consejo de Gobierno, previo informe de Intervención”.

Los trabajadores que habían sido incorporados (Mohamed Ali denunció a finales de junio presuntas irregularidades que se extendían también a otras 22 plazas para el ámbito educativo) serán sustituidos por vigilantes de seguridad privada de la misma empresa que ya tiene contratada el organismo autónomo Servicios Tributarios pese a que ello redundará en un coste superior para la Administración.

Amgevicesa lleva más de dos años baremando las más de 7.000 solicitudes que recibió para optar a entrar en las bolsas de empleo que acordó crear para satisfacer sus necesidades puntuales de personal por bajas, vacaciones o encomienda de nuevos servicios.

En la empresa municipal defienden que recurrir a ofertas de empleo al SEPE es “indudablemente legal”, pero los procedimientos utilizados para seguir esa vía no han dejado de generar polémica. La penúltima fue pedir ‘aparcacoches’, un perfil profesional inaudito, para cubrir las plazas de la explanada de Loma Colmenar, cerrada desde la clausura de la frontera por la pandemia.

En septiembre del año pasado la vicepresidenta Primera del Ejecutivo local, Mabel Deu, llegó a tildar de "nefasta" la selección de personale efectuada para incorporar a 17 vigilantes-celadores.