El instructor del expediente de Costas en virtud del cual la Ciudad Autónoma fue sancionada con 60.000 euros por no retirar después de la temporada estival de 2017 de cinco playas de Ceuta (El Chorrillo, La Ribera, Benítez, La Almadraba y Tarajal) las infraestructuras colocadas para ser utilizadas por los servicios de socorristas, seguridad y similares, entre otros elementos, ha puesto en manos del Juzgado de guardia la anulación de dicha multa por parte de la Delegación del Gobierno.

Según su denuncia, la institución de la Plaza de los Reyes ha revocado la sanción "sin trámite alguno" y "eludiendo los requisitos establecidos en la ley". Peor aún, con dicho comportamiento entiende que la Delegación ha incurrido en una violación "de los principios de igualdad de trato con las sanciones, de defensa del interés público y de protección de la costa".

El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando la Ciudad colocó por primera vez esos cinco puestos permanentes de unos 135 metros cuadrados de superficie cada uno. Su instalación se acogió a una autorización que exigía su retirada al final del verano, ya que fuera de la temporada de baño "no sirven para ningún servicio", tal y como consta en los informes técnicos evacuados.

El Gobierno de Ceuta tendría que haber liberado los 945 metros cuadrados ocupados como muy tarde el 22 de noviembre de 2017, pero no lo hizo. Llegó el verano de 2018, y el otoño y el invierno pasado. Y casi la primavera de 2019. Y nada. Así las cosas, el 18 de marzo de 2019 se incoó un expediente por infracción leve continiuada contra la Administración local, para la que se propuso una sanción 60.000 euros, la mayor que de acuerdo con la legislación vigente cabe imponer por el incumplimiento de las condiciones de los correspondientes títulos administrativos o la ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre.

El 29 de abril, apenas una semana después de su imposición, la Delegación optó por condonar la multa a la Ciudad. "De oficio", anuló la sanción y expidió una autorización en virtud de la cual los referidos puestos permanentes de las playas ya no tienen que ser retirados al terminar el verano durante cuatro años.

La Justicia deberá determinar ahora si lo hizo, como estima el denunciante, "sin trámite alguno"; a espaldas de la normativa legal, que establece la imposición de sanciones "sin perjuicio de la legalización" de los incumplimientos que las sustenten, en este caso la ocupación sin permiso de 945 metros cuadrados de litoral; y eludiendo los "criterios estrictos y restrictivos" que regulan este tipo de 'perdón'.

El instructor del expediente, José Castro, que se enteró del giro dado en la Plaza de los Reyes al caso "por la prensa", ha alertado al Juzgado de que la revocación fue "improcedente" porque, además, se basó en una autorización a futuro para conmutar una infracción sostenida en el tiempo durante año y medio. El funcionario también denuncia que por la instrucción de este asunto ha visto retirado su acceso al Registro Electrónico de la Administración (GEISER) y ha quedado sometido a un "régimen inquisitorial y de censura previa" en la tramitación de expedientes.