El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha estimado parcialmente el recurso presentado por UGT contra los nombramientos hace ahora un año de Manuel Sánchez, Javier Celaya y Víctor Ríos como directores generales de la Ciudad al entender que “la Administración en ningún momento ha justificado que en sus funciones concurran características o circunstancias específicas que, en cuanto a preparación, experiencia y cometido, no se correspondan con las correlativas asignadas a los funcionarios y hagan conveniente que la misma sea desempeñada por quien no ostenta esa condición”, algo que se da por "indiscutido" aunque los tres lo son del Estado.
En las funciones atribuidas a sus Direcciones Generales respectivas tampoco aprecian las tres sentencias dictadas “unos concretos cometidos cuya extraordinaria naturaleza haga bien visible dicha conveniencia, sin que tampoco, por último, se haya motivado su idoneidad para el nombramiento”.
La Ciudad argumentó que “al tratarse de cargos políticos no cabe otro control jurisdiccional que la de la competencia para su creación o el cumplimiento de los requisitos que reglamentariamente se prevean para su titular”.
El Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de Ceuta de 2017 dispone que "los directores generales serán nombrados mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero correspondiente, y entre funcionarios de carrera de cualquier administración pública que pertenezca a cuerpos, escalas, clases o categorías para cuyo ingreso se exija título superior, salvo que el Decreto de estructura de la consejería permita que su titular no reúna dicha condición de funcionario, en atención a que las funciones de la Dirección General no se correspondan con las correlativas, en cuanto a preparación, experiencia y cometido, destinadas a los funcionarios".
El magistrado ha rechazado el resto de argumentos del sindicato que aludían a la supuesta “nulidad de pleno derecho” de los artículos del Reglamento que ampararon los nombramientos, a la falta de negociación de los mismos con la parte social o a la ausencia de “consignación presupuestaria previa”.
“No se alcanza a comprender en qué puede afectar a las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios el que la Asamblea de la Ciudad atribuya al Consejo de Gobierno la facultad de crear, modificar o suprimir Direcciones Generales y nombrar y separar a sus titulares”, descartan las sentencias.
Igualmente explican que “el Decreto de creación de una Dirección General no requiere previa negociación con las organizaciones sindicales por no tener una incidencia sustantiva y concreta en las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos”.
Pese a que solo se ha atendido uno de los motivos de su impugnación, FeSP-UGT ha manifestado su “profunda satisfacción” porque “los tribunales nos vuelven a dar la razón frente a la megalomanía del presidente Vivas, que la sufraga con nuestros impuestos”.
“Suponemos que el Gobierno recurrirá las sentencias al TSJA porque dispara con pólvora ajena aunque sabe que en Sevilla volverá a perder”, ha añadido la central, que ha felicitado a su abogado, Ramón Lladó (“su excelente trabajo que ha impedido que en estos momentos haya en la Ciudad más cargos políticos que trabajadores), y ha avanzado que “seguimos en esta lucha que llevamos años para acabar con el abuso de personal eventual mientras la plantilla de trabajadores sigue decreciendo”. “Es intolerable todo lo que lleva años sucediendo y seguimos sin secretario general ni interventor”, ha terminado.
