Caballas denuncia que en la Marina no se contemplan unos 500.000€ de obra obligada por la Justicia


Caballas denuncia que en la Marina no se contemplan unos 500.000€ de obra obligada por la Justicia

- Los de Alí pedirán que se anule un acuerdo extrajudicial con los vecinos que consideran ilegal al haber firmado la consejera Susana Román cuando según la Ley sería competencia indelegable del presidente Vivas

- En ese acuerdo la Ciudad reconoce y se compromete a ejecutar varias unidades de obra a las que le obliga la sentencia judicial en favor de los vecinos y que no figuran en el proyecto oficial que se está ejecutando

- La minuta del abogado de los vecinos, que debería pagar la Ciudad, asciende a 300.000 euros, 120.000 corresponden a ese acuerdo extrajudicial

Las obras de la Marina continúan sumando capítulos polémicos como si de un culebrón de máxima audiencia se tratara. El último giro argumental lo ha dado Caballas este miércoles a mediodía al denunciar con informes en la mano que en lo que se está ejecutando ahora mismo faltan 500.000 euros “aproximadamente” de unidades de obra que obligatoriamente la Ciudad Autónoma tiene que atender por sentencia judicial, “aunque eso sí, hay puente”, ha apostillado el número dos de la coalición, Juan Luis Aróstegui.

Los hechos objetivos que se desprenden de la documentación facilitada a los medios de comunicación por el líder de los localistas, Mohamed Alí y su escudedor, Aróstegui son los que siguen:

El 21 de abril el ingeniero, Pedro Sierra, y el arquitecto, Jorge Chaves, ambos adscritos a la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo de Ceuta (GIUCE), firman un informe técnico a solicitud de la titular de Fomento, Susana Román, en el que explicitan dos reuniones celebradas con los vecinos de la Marina el 15 de abril y la otra al día siguiente con la arquitecta, Úrsula Linares, responsable del peritaje de esa parte y autora del proyecto al que finalmente da la razón y se ciñe la sentencia judicial que obliga a la Ciudad Autónoma, ya desde enero de 2012 a reparar la calle y los garajes.

En la segunda reunión de carácter eminentemente técnico se repasan una serie de unidades de obra que no figuran en el proyecto que en esos momentos licita la Ciudad y que sí constan en lo que es de obligado cumplimiento por sentencia judicial. Unidades de obra que este miércoles, Mohamed Alí ha cifrado en “unos 500.000 euros” de valor y Aróstegui en “un 20 por ciento aproximadamente” de lo que obligaba la Justicia a ejecutar a la Ciudad Autónoma.

Así las cosas, los dos técnicos municipales concluyen que “sería necesario encargar a la sociedad OBIMACE S.L.U. (…) la ejecución de las obras correspondientes a las partidas” anteriormente enumeradas y que incluyen desde demoliciones y trabajos previos, a reparaciones estructurales con sellados de juntas de dilatación, actuaciones sobre las cubiertas, pavimentación, revestimientos o trabajos de carpintería metálica y cerrajería. Todas ellas dicen los dos técnicos tras enumerarlas “recogidas en el segundo documento técnico redactado por la arquitecta Úrsula Linares y no incluidas en el informe pericial ni estudio patológico objeto de parte del ‘Proyecto de obras de conservación, mantenimiento y mejoras en accesibilidad en el Paseo de la Marina Española de Ceuta”.

¿Qué hizo Román?

Con ese informe, Román remite el 30 de mayo a la asesoría jurídica un borrador de acuerdo con los vecinos en el que Fomento se compromete a desarrollar las obras no recogidas en el proyecto y que los técnicos creen que puede desarrollar Obimace. En el mismo plazo que las obras en su totalidad, ocho meses.

“… ante la existencia de unidades de obra contempladas en el citado proyecto elaborado por la arquitecta Úrsula Linares que no aparecen recogidas en el Proyecto oficial elaborado por los servicios técnicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, según constan relacionadas en el informe técnico número 318/2014 (…) la Ciudad Autónoma de Ceuta se obliga igualmente a ejecutar a su cargo las partidas relacionadas como no incluidas en el proyecto oficial según constan relacionadas en el citado informe técnico”, recoge el segundo punto del acuerdo con los vecinos. El Informe técnico se anexa y es el que firman Sierra y Chaves.

El acuerdo siguió su curso, Román instó a los servicios jurídicos municipales a darle traslado del acuerdo al Juzgado el 17 de junio y la asesoría jurídica cumple la orden el 19 de junio.

Ilegalidad

Con esos 500.000 euros, Alí ha estimado en más de 4 millones el coste final de la obra, que ya sufrió un modificado “que sospechamos todos que es para paliar la baja temeraria”, ha dicho el de Caballas. Pero la coalición pedirá al presidente que anule el acuerdo con los vecinos al considerarlo ilegal tras consultar a tres técnicos municipales. El problema es que la firma de Román asume competencias indelegables del presidente Vivas, con lo que el acuerdo sería papel mojado.

Caballas emprenderá esa acción con la intención de dejar en evidencia al Gobierno, que había ocultado el informe de los arquitectos y el acuerdo con los vecinos hasta la fecha. “Lo grave es que el Gobierno mintió”, ha afirmado rotundo Alí, “cuando dijo que el proyecto se hacía para cumplir la sentencia”.

El Ejecutivo defendió en un principio su voluntad de cumplir la sentencia judicial cuando al principio defendió un proyecto mucho más ambicioso que rondaba los 6 millones de euros a finales de 2013, para abortarlo poco después y reconducirlo a los 2,7 por los que se licitó en un primer momento a los que se sumó recientemente un modificado. Y a lo que se sumará ahora estos trabajos que al parecer puede hacer Obimace.

Para Alí y Aróstegui “la obra nunca obedeció al interés general, sólo es un escaparate electoral”. El reconocimiento de que el proyecto que se sacó a concurso no contemplaba aspectos a los que obligaba la sentencia judicial se produjo en abril, el mismo mes que se licitaba la obra, “antes del inicio”, ha subrayado Aróstegui. “¿Si se sabe antes de iniciar la obra porque no se corrige? ¿por qué está el puente y no lo que dice la sentencia judicial”, se ha preguntado.

En su opinión no se corrigió y se optó por taparlo todo en un acuerdo extrajudicial con los vecinos “por las prisas”. La obra se adjudicó en abril y los trabajos comenzaron en mayo. El plazo de ocho meses para los trabajos oficiales y los recogidos en ese acuerdo que Caballas quiere anular ahora finalizaba en enero, ampliado después en otros dos meses, hasta marzo, finaliza el viernes de la próxima semana, el día 13.

“Sobra que digamos que no se va a cumplir porque los trabajos que se recogen en ese acuerdo ni se han iniciado, ni están presupuestados ni en Obimace han recibido orden alguna de hacer ningún trabajo”, ha aclarado Alí.

Tanto Alí como Aróstegui se han encargado de recordar no sin ironía que cuando denunciaron que Obimace estaba realizando trabajos que no le correspondían en las obras, el Gobierno se afanó en taparlo y negarlo asegurando que sólo estaban recogiendo desechos de la obra que eran reciclables.

Caballas ha prometido además que forzará al Gobierno a exigir responsabilidades por el retraso en los trabajos a la empresa que ejecuta los mismos.

300.000 euros de minuta

Y por si todo esto fuera poco extraño, aparece un elemento más: una minuta de 300.000 euros en las costas que la Ciudad debe abonar y que es en lo que ha cifrado el abogado de la parte de los vecinos su trabajo por redactar el acuerdo extrajudicial y velar por su cumplimiento, según han explicado Alí y Aróstegui. Una minuta de la que nadie en la ciudad quiere saber nada y que se prevé sea recurrida e impugnada.

Electoralismo

“prisas, precipitación y falta de responsabilidad”, para Alí es lo que predomina en la gestión del Gobierno “un despropósito tras otro esta legislatura en lo que tiene que ver con la contratación”. “Se ha hecho todo deprisa, deprisa para que Juan Vivas inaugure el puente. Deprisa, deprisa que vienen las elecciones. Deprisa, deprisa se levanta un asfaltado que está bien en lugar en de invertir en los barrios. Se invierte pensando en las elecciones y no en el interés general”, ha zanjado Aróstegui.

Preguntados sobre las soluciones a los vecinos, que de cumplirse la anulación del acuerdo volverían casi a la casilla de salida y tendrían que seguir esperando para ver cumplida la reparación a la que obliga la sentencia judicial, Aróstegui ha ironizado: “¡Qué nosotros somos la oposición!”. “Nosotros si gobernáramos habíamos cumplido la sentencia judicial hace tiempo con nuestros propios medios, como dicen ahora que se podía hacer, casi en su totalidad”, ha apostillado Alí.

Caballas denuncia que en la Marina no se contemplan unos 500.000€ de obra obligada por la Justicia