La modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la apertura o funcionamiento e instalación de establecimientos y actividades para 'importar' la eliminación de trabas administrativas a la apertura de negocios con ciertas limitaciones de acuerdo con la estrategia 2020 de la Unión Europea para el crecimiento permanece paralizada desde abril del año pasado, cuando pasó por primera vez por el Pleno.

El cambio, que debe posibilitar la apertura para pequeñas y medianas empresas dedicadas a determinadas actividades, como la industria del calzado y el vestido, el comercio al por menor de alimento y la reparación de artículos eléctricos, entre otras, con una declaración responsable y controles posteriores no avanza.

El primer grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas, ha criticado el “intolerable retraso” que acumula la tramitación de dicha modificación, contra la que los localistas presentaron en su momento una alegación, y el “grave perjuicio que se causa así al tejido económico de la ciudad en general y a la posible creación de empleo, cuyo fomento debería ser la prioridad absoluta de la acción gubernamental”.

El punto de discrepancia entre la coalición (que se abstuvo en el Pleno, donde PP y PSOE votaron a favor del texto inicial) y el Gobierno que preside Juan Vivas surgió de la exclusión de la posibilidad de abrir negocios con una simple declaración responsable en zonas como los polígonos del Tarajal, Colonia Weil, Loma Larga o el entorno de la ‘Ducar’. En su redacción inicial, los negocios que quieran establecerse en todas estas zonas deberán seguir sometiéndose a lo prescrito en el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, un catálogo de exigencias “mucho más farragoso”.

 

La exclusión de zonas "roza la ilegalidad", según Caballas

A juicio de los de Mohamed Ali, esta distinción entre unas partes de la ciudad y otras “atenta contra el sentido común”. “Nadie puede entender que se excluya a un área como los polígonos del Tarajal, que el propio Gobierno considera un pulmón económico de la ciudad pero que se ve afectado y discriminado gravemente”, cuestiona Caballas, que opina que esta posición “roza la ilegalidad”.

“Con el paso de los meses”, han lamentado desde la formación localista, “nos hemos encontrado con que no sólo no ha habido respuesta a nuestra posición, sino que la modificación de la Ordenanza en su conjunto se ha quedado paralizada por no se sabe exactamente qué prejuicio”.

Vivas aseguró en junio que la posibilidad de acogerse a la ‘licencia exprés’ está sometida “a requerimientos como que se trate de negocios dedicados a la venta al por menor o que tengan una superficie total inferior a 300 metros cuadrados” y argumentó que las áreas excluidas de su aplicación “están asentadas en suelo industrial de acuerdo con la clasificación del PGOU vigente”.

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