La crisis de mayo dejó muchas resacas en Ceuta. Al aluvión de migrantes marroquíes, muchos de ellos menores, que Ceuta de ha visto obligada a acoger, hay que sumar la avalancha de solicitudes de asilo registradas en estos caso seis meses.

Según las últimas cifras facilitadas por la Delegación de Gobierno, desde junio se ha registrado el retorno voluntarios a Marruecos de 3.683 personas, mientras otras 2.500 optaron por solicitar protección internacional. 

Desde entonces, ateniéndose al derecho a moverse libremente oír la Península tas la sentencia del Tribunal Supremo que les reconoce esa capacidad, se ha registrado la salida hacia la Península de 2.000 de esos solicitantes de asilo.

La clave del aluvión está en la aplicación de una Ley a la que se hacía oídos sordos en Ceuta. El pasado 14 de abril el Tribunal Supremo volvió a fallar a favor de un recurso interpuesto por el equipo jurídico de CEAR, reiterando que las personas que solicitan asilo en Ceuta y Melilla tienen derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional. El Tribunal Supremo considera que una vez admitida a trámite la solicitud de asilo, la persona solicitante tiene “derecho a la libre circulación en España (con obligación de comunicar cambios de domicilio) y, en consecuencia, no es conforme a derecho la inscripción que limita la validez de la documentación acreditativa de su condición de solicitante de protección internacional a Ceuta (o en otro caso, Melilla)”.

Una Ley que tiene una grieta que enseguida han visto los inmigrantes marroquíes. Y es que la inmensa mayoría de los 2.000 solicitantes de asilo que ya han cruzado a la Península han aprovechado un matiz de la Ley: si la Administración tarda más de un mes en dar respuesta a la petición de asilo, se entiende silencio administrativo y el solicitante tiene derecho a moverse libremente por el territorio nacional a la espera de la respuesta definitiva.

Una avalancha de solicitudes de asilo que han colapsado la capacidad de la oficina en Ceuta que comenzó este verano. Hasta el 31 de julio se habían formalizado 1.469 solicitudes de protección internacional, de las cuales 1.153 han sido admitidas a trámite, segundos del Gobierno en sede parlamentaria. Tres meses después son ya 2.500 las solicitudes y solo 500 se han rechazado.