El Ejecutivo local descarta rescindir la cesión pese a los retrasos y defiende que el Estado “sigue teniendo la intención” de construir el centro
El futuro del centro educativo del Brull, marcado por años de retrasos, sobrecostes y ahora nuevos obstáculos administrativos, volvió a colarse en el Pleno de Control con una pregunta directa: Si, tras casi una década de espera y millones ya invertidos, el Gobierno de la Ciudad se plantea dar por fallido el proyecto. La respuesta fue clara: no.
El debate se produce en un momento especialmente delicado para la iniciativa, después de que el proyecto haya quedado contra las cuerdas por la imposibilidad de encargar las obras a Tragsa -que elevaba hasta 45 millones el presupuesto, desde los 16,5 estimados inicialmente, para vitar que recayese en la empresa municipal el contrato- y la necesidad de volver a licitar, lo que alarga los plazos más allá de 2030 y pone en duda incluso los fondos europeos previstos.
En ese contexto, la portavoz de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, cargó con dureza contra la gestión política de la iniciativa, cuestionando tanto al Ejecutivo local como al central. “Desde hace ya algún tiempo, el gobierno de Vivas, y también el PSOE, por cierto, viene martilleando a la opinión pública con lo que ya se ha convertido en un lugar común, la lealtad institucional”, criticó, para añadir que ese concepto “no es más que una especie de comodín que sirve para no tener que dar explicaciones de los innumerables atropellos”.
Ferreras recordó que el origen del problema se remonta a hace casi una década, cuando “la ciudad cedió la parcela del Brull al Ministerio de Educación para la construcción de un centro docente”. Un pedacito de terreno cercano a la universidad que “se la compró la ciudad al Ministerio de Defensa por el módico precio de diez millones de euros, y que aquello es hoy una especie de escombrera sobre la que nadie parece asumir ninguna responsabilidad”.
“No se va a construir nunca”
La diputada fue más allá y puso en duda la propia necesidad del proyecto, en barbecho durante años “sin que todavía se haya puesto un solo ladrillo". "No se va a construir nunca, por la sencilla razón de que ya no hace falta”, llegó a sentenciar.
Como argumento, apuntó al descenso de la natalidad. En los últimos 5 años, explicó, la población escolar de primero de infantil se ha reducido a la mitad, "de 1.200 alumnos a 600 alumnos”. Una tendencia que, a su juicio, acabará afectando a todo el sistema educativo. Ferreras también vinculó el proyecto con el modelo educativo, denunciando que “la escuela privada, mediante los conciertos, actúa como un mecanismo de segregación”, y asegurando que la construcción del centro implicaría rescindir estos mencionados conciertos que, en su opinión, no se tocarán.
La alternativa: vivienda en el Brull
La portavoz de Ceuta Ya! planteó entonces abiertamente cambiar el uso de la parcela ante la falta de avances: “El terreno del Brull es idóneo para la construcción de vivienda”, defendió, acusando al Gobierno de no promover vivienda pública “porque no quiere”. “Hace unos días se publicó que el proyecto del Brull volvía a ponerse en marcha. Sin embargo, en el caso de que esto sea cierto, también se decía que la cosa iba para largo, concretamente, mínimo, cinco años, con lo que ya nos pondríamos en catorce. Catorce años para construir un colegio”, criticó, haciendo alusión a la información ofrecida por este mismo medio de comunicación.
Por ello, lanzó varias preguntas directas al Ejecutivo: “¿Tiene conocimiento el gobierno de las razones por las que no se está construyendo el centro educativo del Brull? ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo? ¿Piensa rescindir el convenio de cesión?”.
El Gobierno apunta a problemas administrativos
El portavoz del Gobierno, Rafael Martínez Peñalver, reconoció compartir la "preocupación" por la falta de ejecución, pero enmarcó la situación en dificultades técnicas y legales. El consejero detalló que el proyecto ha pasado por “distintas incidencias administrativas”, como una licitación desierta o la necesidad de actualizar precios, además de los problemas legales para encargar la obra a Tragsa, lo que ha obligado a volver a la licitación pública.
“Hoy por eso precisamente hay mucha dificultad a la hora de adjudicar contratos y mucha dificultad a la hora de acertar con los plazos”, señaló, apuntando directamente a la Ley de Contratos del Sector Público como causa de fondo. Sobre las actuaciones de la Ciudad, defendió que se han cumplido todos los pasos, desde la cesión gratuita de parcela hasta la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana o la agilización de todo tipo de licencias.
“No es competencia de la Ciudad”
Martínez Peñalver insistió en que la construcción depende de manera "absoluta" del Gobierno Central, pero aseguró que el Ejecutivo local seguirá presionando: “Cada vez que estamos en disposición de hacerlo, reclamamos al Estado que, por favor, cumpla su obligación”. El argumentario no convención a Ferreras, quien insistió en la responsabilidad de la Ciudad: “Intentar decir aquí que no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad sobre el terreno del Brull me parece faltar a la verdad”, recalcó, recordando de nuevo los diez millones invertidos.
No obstante, el consejero también confirmó que el proyecto sigue vivo, aunque con nuevos plazos: “La última información que tenemos es que se empezará a licitar ya para que se ejecute en 2027. Habrá que confiar”.
Rechazo a rescindir la cesión
El punto clave del debate llegó con la posibilidad de dar marcha atrás al convenio. Una opción que el Gobierno descartó de plano. “Yo no creo que sea lo acertado, no creo que sea beneficioso para la ciudad”, respondió el portavoz, argumentando que ve en el Ejecutivo nacional “la intención de continuar haciéndolo”.
Y volvió a preguntar directamente: “¿No se han planteado si de verdad, a día de hoy, diez años después, ese colegio sigue haciendo falta?”. La respuesta final del Gobierno fue tajante. “He dicho claramente que no, no nos parece lo más beneficioso”, zanjó Martínez Peñalver.
El portavoz popular defendió que el Estado “sigue teniendo la intención de continuar con el expediente” y recordó que la cesión se hizo precisamente por el interés público del proyecto: “El uso que iba a hacer el Gobierno de la nación de esa parcela era algo beneficioso para el municipio”.
Además, subrayó que los plazos siguen abiertos: “Creo que el Gobierno tiene cinco años para ejecutarlo desde que se hace la concesión, y, por lo tanto, estamos en plazo”.
Por todo ello, reiteró la posición del Ejecutivo que no se plantea “ni mucho menos rescindir el contrato". "Creemos que lo más beneficioso es agotar todas las vías para que se ejecute el centro educativo”, concluyó.
