La situación del ex consejero de Sanidad y fundador del extinto Ceuta Avanza, Javier Guerrero, ha experimentado dos novedades en las últimas horas. De un lado, la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha revocado el auto de procedimiento abreviado del Juzgado de Instrucción, para que se incorpore toda la documentación hallada por la Guardia Civil. De otro lado, el juicio por amenazas ya tiene fecha y hora, y no parece que sea de aplicación la 'Doctrina Botín'.
La Audiencia Provincial ha dejado sin efecto el auto abreviado dictado el pasado mes de febrero por el Juzgado número 3 de la Ciudad sobre el caso por el que el ex consejero de Sanidad, Javier Guerrero, se enfrentará a varios años de prisión por presuntos delitos relacionado con los abusos a menores. Según han confirmado fuentes judiciales, al admitir el recurso presentado en su día contra el auto por parte del ministerio fiscal, se obliga a la incorporación de toda la documentación que pueda aportar la Guardia Civil derivada del análisis de los teléfonos y dispositivos informáticos encontrados por los agentes.
Recordemos que el día de su detención, en enero de 2023, los agentes también se incautaron de varios teléfonos móviles y material informático tanto en su domicilio particular como en los despachos de este en el Hospital Universitario y en su consulta privada, con la intención de analizar el contenido de los mismos. Del análisis de una primera 'remesa' no se encontró nada punible, pero coincide con que estos dispositivos examinados en ese informe evacuado por la Guardia Civil eran los más antiguos. Aquello de cambiar los teléfonos móviles y guardar las tarjetas, en las que cae prácticamente todo hijo de vecino. La segunda remesa a analizar es la que, en teoría, puede contener los supuestos hechos delictivos, dado que coincidirían en el tiempo con los acontecimientos que llevaron al fundador de Ceuta Avanza a pasar once meses en prisión provisional en una cárcel peninsular que solo abandonó tras depositar 100.000 euros de fianza.
En febrero, el Juzgado consideró que se podía tipificar la causa sin necesidad de esperar al análisis de estos elementos. Ahora, la Audiencia Provincial desestima dicho auto, y ordena que se incorpore, también, el contenido de esos teléfonos. El informe aún no ha sido emitido por parte del Instituto Armado, según confirman fuentes judiciales. El juez pedía, entonces, nueve años de prisión para el ex consejero: cantidad que ahora queda en el aire a la espera de esos análisis.
Juicio por amenazas
Por otra parte, Javier Guerrero tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados la próxima semana, acusado de un supuesto delito de amenazas contra uno de los trabajadores del área del menor que puso en conocimiento de la justicia determinados hechos relacionados con el caso anterior. Por este caso, cuyo juicio tendrá lugar el próximo jueves 24 a partir de las 10.10 horas, Guerrero se enfrenta a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 25.000 euros.
Según han confirmado fuentes judiciales, el acuerdo entre las partes no parece factible en principio, por lo que todo hace indicar que ese juicio tendrá lugar. Guerrero tiene enfrente a dos acusaciones -Fiscalía y una particular-, con peticiones de penas coincidentes. Sin embargo, de haber acuerdo, tendría que ser con las tres partes, y parece que tanto el acusado como la acusación particular están lejos de ello.
No habrá tampoco, siempre según estas voces, aplicación de la conocida 'doctrina Botín': que implica que "si no acusan la Fiscalia ni la acusación particular no podía acusar la acusación popular Aquí acusan Fiscalia y acusación particular y no hay acusación popular. Aunque los escritos sean los mismos en los dos escritos, la conformidad tiene que ser con los dos". En caso de que Guerrero fuese condenado por esta causa a alguna pena de prisión no ingresaría de momento, sino que esta posible pena se sumaría a la que le pudiese corresponder por el otro juicio. Del total de posibles años de cárcel se descontarían los once meses en preventiva.
