La Dirección General de Recursos Humanos de la Ciudad ha pasado este martes por Mesa General de Negociación sin atender ninguna de las reivindicaciones de CCOO su propuesta de decreto para regular el teletrabajo en la Administración local, donde el Ejecutivo de Vivas quiere limitar la posibilidad de acceder a esa modalidad de manera voluntaria y reversible a los empleados públicos con “una alteración o riesgo excepcional de la salud" o con hijos menores de 14 años (solo se ha aceptado elevar la edad desde 12) o familiares dependientes.

El Gobierno del PP también exigirá que quienes la soliciten y reciban luz verde para trabajar desde casa realicen "al menos un 20%" de su jornada de manera presencial y excluye expresamente a quienes tienen funciones sanitarias o docentes, a los que ocupan puestos reservados para funcionarios con habilitación de carácter nacional, a los que no usan “ningún tipo de herramienta informática” para el desarrollo de sus tareas y a quienes están “en servicios cuya prestación efectiva sólo queda plenamente garantizada con su presencia física”.

La presidenta del Comité de Empresa de la Ciudad, Yolanda Díaz (CCOO), ha lamentado la cerrazón de la Administración y se ha mostrado "totalmente decepcionada" por la negativa del Ejecutivo a mejorar su propuesta de "precario decreto que no se corresponde con la normativa marco aprobada para todo el Estado y que incorpora limitaciones incomprensibles para los empleados públicos que puedan y deseen teletrabajar".

"El Gobierno no ha hecho sus deberes, no ha estudiado las funciones que realiza cada empleado en la Ciudad, no ha contemplado ni la formación ni las compensaciones obligadas para los teletrabajadores sobre los que descarga todo el peso del coste, obvia los derechos de los agentes sociales y no sabe ni cómo compaginará esta norma con las instrucciones dictadads este lunes para que a los centros de trabajo solo acuda el 50% del personal", ha criticado la representante de CCOO, que no descarta la adopción de medidas judiciales si los Servicios Jurídicos del sindicato lo estiman necesario.

"En Comisiones Obreras hemos buscado el equilibrio con la propuesta de decreto que hemos elaborado entre los derechos de los trabajadores y la necesidad de contar con la mejor Administración posible porque el teletrabajo ha venido para quedarse y los empleados públicos pueden ser tan o más productivos haciendo su labor que a distancia que en una oficina: no debemos autolimitarnos a pensar en esta situación de pandemia", ha resumido.

En un comunicado, CSIF también ha rechazado la negativa del Gobierno a "negociar o modificar" cualquier "asunto fundamental" de su propuesta, que "adolece de las modificaciones necesarias para adaptar el teletrabajo a la nueva normativa y a las peculiaridades de nuestra administración.

Este sindicato propuso elevar de 12 a 14 años la edad de un descendiente a cargo para solicitar teletrabajar y otras "medidas de importancia como la creación de una comisión formada por la administración y la parte social que fiscalice y estudie tanto las concesiones como las denegaciones para así, marcar una transparencia suficiente y necesaria además de, valorar de forma objetiva dicha modificación de condiciones laborales de los trabajadores".