Los tres sindicatos con representación en la Ciudad, UGT, CSIF y CCOO, señalan a la consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública, Kissy Chandiramani, por aprobar un decreto corrigiendo la resolución definitiva del tribunal calificador de las oposiciones de promoción interna y anulando cinco preguntas del examen. Una decisión que a juicio de los tres representantes sindicales, atenta contra la independencia de los empleados públicos y contra una decisión soberana del tribunal de las oposiciones, contra la que caben, recuerdan, todos los recursos que se deseen. Pero eso sí, los recursos deben presentarse al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, o sea, siguiendo los cauces estipulados, no a la Consejería de Economía y Hacienda, subrayan.

“Se están haciendo afortunadamente muchos procedimientos de este tipo y de manera correcta”, ha explicado Ricardo Martínez, de CSF, que ha ejercido de portavoz de los tres sindicatos, “pero en esta ocasión, lamentablemente, el OAST ha llevado a cabo una promoción interna y una vez que el Tribunal ha elevado su resolución definitiva con la puntuación de los opositores que han superado el ejercicio, por parte de la consejera de Hacienda y recursos Humanos se lleva a cabo un decreto que le dice al Tribunal que tiene que modificar esa puntuación”. 

Una actuación “irregular”que condenan los sindicatos, alertando que se está vulnerando la independencia de los empleados públicos “Los funcionarios públicos cuentan con total independencia para tomar sus propias decisiones y consideramos que es completamente irregular y no ha lugar a que ningún político haga injerencias de este tipo diciendo a un tribunal cómo tiene que puntuar . Eso solo lo pueden hacer los tribuales de Justicia, que de hecho para eso están y creemos que los tribunales (de oposiciones) son totalmente soberanos (…) El Tribunal es soberano para tomar sus decisiones y  para resolver cualquier tipo de reclamación, como así ha hecho y no tiene que venir ningún político a decir lo que tiene que hacer”, denuncia Ricardo Martínez, adelantando además, que los tres sindicatos trabajan ya para llevar el asunto a los tribunales.

Los porqués (y los beneficiarios) del decreto corrigiendo a un tribunal calificador se les escapan a los sindicatos. Solo saben que está basado en un informe realizado por un funcionario que da la razón a la Ciudad. “Esperemos que tenga su base jurídica”, confían. Pero es un informe, matizan, que  “podríamos haber realizado tu o yo” y en el que se dice qué preguntas son las válidas y sobre las que hay que puntuar y cuáles no. Y se permite el lujo de retrotraer las actuaciones del tribunal a un punto concreto del procedimiento para que vuelvan a valorar, cuando hay un anuncio definitivo por segunda ocasión con la resolución, con su acta, con su firma”, ha explicado Martínez que ha estado de observador sindical en el proceso, recordando que en cualquier caso esas son funciones del tribunal, nunca de un cargo político. 

“No recordamos que haya sucedido algo así en la historia del Ayuntamiento de Ceuta”, ha lamentado por su parte Antonio Ramírez, de UGT, recordando que, paradójicamente, es la consejera que ahora corrige al Tribunal la que lo designó en su momento.

El tribunal de las oposiciones recuerdan los sindicatos, ya aceptó la alegación sobre una de las preguntas —son 60 preguntas de tipo test más 10 más de reserva para estos casos—, lo que obligó ya a variar en una ocasión la puntuación definitiva en una primera ocasión, pero rechazó otras cinco que presento posteriormente la misma persona, ya con la resolución definitiva publicada. La persona afectada elevó un recurso de alzada a la Consejería, pero no a los Tribunales de los Contencioso Administrativo como estipula el procedimiento. Por encima de la decisión del tribunal de las oposiciones no está la consejera o el Gobierno, sino la Justicia, remarcan. El tribunal es soberano. recuerdan. 

Los sindicatos —con afiliados afectados en ambos lados del conflicto— insisten en que no entran “en el fondo sino en la forma”, advierte López López, de Comisiones Obreras. Quien tenga la razón o no lo deben decidir los tribunales, nunca una “injerencia” política.