El secretario general de CCOO de Ceuta, Juan Luis Aróstegui, ha pedido por escrito al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que recupere el servicio de transporte público de pasajeros en autobuses urganos "subrogándose en los derechos y obligaciones de la actual compañía y encuadrándolo para mayor celeridad en una de las empresas municipales cuyo objeto social lo permita".

"Dadas las características de nuestra Ciudad, esta es la única decisión que puede garantizar la existencia de un servicio público de calidad, que no reduzca conectividad y que mantenga precios asequibles para los usuarios", advierte Aróstegui en su misiva.

La crisis del coronavirus también ha pillado al Gobierno local casi desnudo en este ámbito: la concesión de 50 años a 'Hadu-Almadraba' caducó en septiembre "tras agotar todas las prórrogas posibles" y con la interpretación más favorable posible, pero "la Ciudad dejó transcurrir el tiempo sin emprender el correspondiente proceso de licitación pública hasta rebasar todos los límites".

De esta forma, recuerda el líder de CCOO, "el hecho cierto es que en la actualidad el servicio se presta sin que exista un título concesional ni un pliego de condiciones que regule su funcionamiento". En esta situación ha irrumpido la Pandemia Global provocada por la COVID-19.

Tras la declaración del Estado de Alarma "la Ciudad, con la (lógica) intención de garantizar la movilidad ha establecido unos servicios (el 50% de los habituales) que debe prestar la empresa; por otro lado, las restricciones de movilidad impuestas a las personas (lógicas); han reducido los ingresos de la empresa hasta un 10% de su recaudación ordinaria aproximadamente".

La conjunción de estos dos factores da como resultado que la Ciudad "obliga a mantener un servicio deficitario" y la empresa, a su vez, obliga a los trabajadores a prestar sus servicios "mientras que no les paga la totalidad de sus salarios alegando falta de liquidez".

El intento de que la Ciudad asumiera el coste del déficit que sus propias decisiones ha generado se ha saldado, de momento, con un fracaso tras tropezar "con inconvenientes técnicos derivados de la irregular situación en la que se presta el servicio". La pescadilla que se muerde la cola.

Para Aróstegui la municipalización, tan denostada por el ala más reaccionaria del PP, es la única salida para la "nueva realidad", máxime teniendo en cuenta que "la línea de autobuses que unía la frontera con el centro de la Ciudad representaba, según datos de la empresa, aproximadamente el 40% de la recaudación total".

"Esto quiere decir que el déficit generado por el resto de las líneas (obligatorias pero deficitarias) era “compensado” con los ingresos del trasiego de la frontera y las ayudas de la Ciudad (en torno a 350.000 euros), pero el nuevo escenario introduce un factor de desestabilización de importancia determinante, ante el que sólo caben tres soluciones: una considerable subida de las tarifas que sería injusta para la ciudadanía y en especial para los sectores más vulnerables; una reducción de las líneas operativas (y de la plantilla) que supondría un empobrecimiento del servicio y un incumplimiento de la obligación legal de la Ciudad; o arbitrar anualmente un sistema de subvenciones por parte de la Ciudad de difícil encaje jurídico y difícil explicación social".

Si no se quiere tirar por ninguna de esas vías solo se abre otra: hacerse cargo de la prestación directa del servicio, entiende CCOO.