Los tres sindicatos con representación en la Ciudad, CCOO, UGT y CSIF rechazan frontalmente el protocolo de actuación de la Policía Portuaria y la Policía Local en la zona de servicio del puerto de Ceuta. Un documento, consideran, que no garantiza la seguridad jurídica de las actuaciones policiales, que es precisamente lo que pretende.

Tras una reunión de más de cuatro horas con el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, CCOO, UGT y CSIF se niegan a firmar el protocolo de actuación de la Policía Portuaria y la Policía Local en la zona de servicio del puerto de Ceuta. Un documento, consideran, que no garantiza la seguridad jurídica de las actuaciones policiales, que es precisamente lo que pretende.

CCOO: "invasión de funciones"

Para CCOO, es necesario declarar la nulidad del protocolo “donde se disfraza y desfigura el referido principio, y donde supondrá la presencia de la Policía Local de forma eventual o permanente en zona de Puertos del Estado, por lo que nos reservamos el derecho de tomar las oportunas medidas legales en la forma en la que se establezca el servicio en el lugar de referencia”.  Para la sección sindical de CCOO entiende que se están ordenando a la Policía Local funciones no contempladas en la legislación vigente. “Nos reservamos el derecho de emprender cuantas acciones considerásemos, no sin señalar a aquellos que obliguen al expreso cumplimiento del mismo, Consejería de Gobernación y Jefatura de Policía Local”, advierten desde Comisiones Obreras.

“Un protocolo que obligará, en toda su extensión, a los agentes de Policía Local a ejercer una invasión de funciones de otros, y que a su vez va a suponer que la Consejería y la propia Jefatura, si así lo cumple, cometan una dejadez de las propias establecidas en la legislación vigente, no garantizando por ello la seguridad del tráfico en zona sí dependiente de la Administración Local, como es el casco urbano, y que sobran hechos ya probados para constatar que la Policía Local, en lugar de uso restringido y común de dominio público de Puertos del Estado, no tiene capacidad territorial, funcional ni incluso sancionadora, y que estos carecerían de la condición de agente de la autoridad”, resumen sus argumentos desde CCOO.

Por otro lado, consideran que el déficit de personal que presenta la Policía Portuaria no puede ser soportado por una Jefatura “que ya de por sí no es capaz de mantener y atender el requerimiento ciudadano al 100%, tal como ocurre en diversas ocasiones, donde es habitual escuchar entre las unidades que no se pueden encargar de un servicio determinado por carecer de dotaciones, y que el mandar a los agentes locales allí va a agravar aún más la situación de exceso de trabajo en inseguridad jurídica que hoy en día ya existe, al obligarles a ocuparse de intervenciones no de carácter competencial y desatendiendo las propias establecidas por ley”.

CCOO señala además que se trata de un protocolo sin fecha de caducidad, y donde no se concreta el personal destinado, “sino que deja de forma subjetiva su presencia”, cuando en lo que se refiere a la vigilancia tráfico, destacar que tanto la Policía Local como la Policía Portuaria tienen establecidas de forma clara y expresa cuáles son sus competencias en esta materia dentro del dominio al que pertenecen, sea Administración Local o Puertos del Estado respectivamente.

“El protocolo, lo que trata de enmascarar persuasivamente, es una actuación directa de la Policía Local en zona portuaria, tomándose como referencia un aparente principio de coordinación, cooperación y colaboración recíproca y auxilio mutuo, poniendo en pugna las competencias que la Ciudad y sus agentes tienen atribuidas”, alegan recordando que los informes concluyen que la Policía Local solo puede ejercer sus competencias en el casco urbano de su municipio, y donde la justicia lo deja muy claro, donde se manifiesta, y reiteramos, que incluso se perdería el carácter de agente de la autoridad, teniendo que actuar como meros denunciantes.

UGT: Un brodrio de documento

Desde UGT recuerdan que la falta de competencias ya había quedado subrayada en los informes técnicos al tratarse de una zona de responsabilidad exclusiva de la Administración General del estado (AGE) con las consecuencias negativas que ello puede acarrear a la Policía Local, “como ya ha sucedido de hecho con agentes que han sufrido condenas judiciales por falta de competencias en sus actuaciones”. La “pobreza de argumentos e inconsistencia jurídica” del documento es otra de las preocupaciones de UGT, que califica de “bodrio” el texto del protocolo.

UGT recuerda al consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, “que no se presentan a las elecciones pero de la misma formas queremos recordarle que somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y estos servicios, competencia exclusiva del estado no tienen por qué ser financiados en exclusiva por los ciudadanos de Ceuta”. Llama la atención del sindicato la “preocupación de Vivas por los MENA”  y “luego pretenda regalarle a la Autoridad Portuaria servicios de vigilancia en sus instalaciones cuando tienen su propia Policía Portuaria y los temas de Seguridad Ciudadana son competencia de Policía Nacional y Guardia Civil”.

"Lógicamente estos servicios en la zona Portuaria irían en detrimento, no solo del bolsillo de los ceutíes, sino de los servicios que se prestan en barriadas, y, en general, en todo el casco urbano, por lo que desde la UGT nos vamos a oponer frontalmente a este disparate, que supone una invasión injustificada de competencias, una dilapidación de fondos públicos de la Ciudad en servicios que no les corresponden y una inseguridad jurídica totalmente inasumible para los Agentes de la Policía Local."

CSIF: Un protocolo lleno de erratas

Desde la sección local de CSIF de Ceuta denuncian que el documento que pretende firmar el Gobierno Local no sólo no protege jurídica y patrimonialmente a los agentes de Policía Local sino que además, "subordina al cuerpo local ante la Autoridad Portuaria y además sobrepasa absolutamente la legislación estatal propia y de Puertos del Estado". "El protocolo marca la obligación de los agentes de Policía Local de trasladar los partes de intervenciones policiales a las dependencias de la Autoridad Portuaria, algo que entendiendo los datos que contiene son de carácter especial de protección de datos según la Ley 15/1999 de Protección de Datos y por tanto, seria contrario a la normativa".

Un documento, que, critican desde CSIF, se compone, "deerratas dentro del texto, terminología incorrecta que no contempla la ley y asume competencias al cuerpo local que la propia Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye, a la Guardia Civil". Por ejemplo, el documento usa el concepto “término municipal” cuando la terminología que en realidad usa la normativa es “casco urbano”, "algo que todo el mundo entiende, no es lo mismo", apuntan desde el sindicato.

"Además, el Gobierno ha vendido públicamente otorgándole carácter de informe, a un email remitido por la Abogada del Estado tras una consulta, por email también, de la Autoridad Portuaria donde ella misma llega incluso a advertir que, “habida cuenta que se trata de un protocolo que no implica la asunción de ninguna obligación ex novo, si no una mera declaración de voluntad de coordinar competencias ya atribuidas por la normativa tanto a la Autoridad Portuaria como a la Policía Local”, denuncian, aludiendo a la Audiencia Nacional en su sentencia de mayo de 2014, que deja claro que “los  recintos portuarios son considerados bienes de dominio público estatal y los municipios no pueden tener en ellos competencias”.

"Desde CSIF con el ánimo de proteger a los agentes de la Policía Local para que así, no vean peligrar la integridad jurídica y patrimonial de los mismos, haremos todo lo que esté en nuestra mano para conseguir que el Gobierno no apruebe un documento que entendemos es contrario a la normativa poniendo en peligro de nuevo, a los futuros agentes que desarrollen allí sus funciones", avisan.