Por el contrario, ocupan los peores puestos el País Vasco que recibe una inversión equivalente al 0,4 por ciento del PIB regional; Navarra, el 0,5 por ciento; y Madrid, el 0,6 por ciento. Entre medias se sitúan Castilla y León, Murcia y Extremadura (2,2 por ciento), Cantabria y Aragón (2,1 por ciento), Comunidad Valenciana (1,9 por ciento), La Rioja y Andalucía (1,7 por ciento), Cataluña (1,2 por ciento), y Canarias y Baleares (0,9 por ciento). En estos casos Seopan identifica una relación inversa entre la riqueza de la región y el esfuerzo inversor que realiza la administración central, de tal manera que los territorios más beneficiados por los fondos estatales están entre los que disponen de una menor renta por habitante. La cosa cambia cuando son las propias comunidades autónomas y los ayuntamientos los que realizan el esfuerzo inversor, ya que en este caso la correlación es más directa y en la mayoría de los casos -aunque no siempre- cuanto mayor es la riqueza de una región más alta es la inversión que destina a la licitación de obra.

En este caso Aragón es la primera de la lista con una inversión del 4,4 por ciento del PIB regional, seguida de Baleares con el 4,1 por ciento, Castilla-La Mancha con el 3,9 por ciento y Madrid con el 3,7 por ciento. En el otro extremo se sitúa Extremadura, que destina el 2,3 por ciento del PIB regional a licitaciones y concesiones; Canarias, el 2,4 por ciento; y Andalucía y Galicia, el 2,5 por ciento cada una. A medio camino se sitúa Castilla y León (3,4 por ciento), Navarra (3,3 por ciento), País Vasco y Cantabria (3,1 por ciento), Cataluña (3 por ciento), Comunidad Valenciana y La Rioja (2,9 por ciento), Asturias (2,8 por ciento) y Murcia (2,6 por ciento).

A la vista de estos datos, Seopan considera que las administraciones autonómicas deberían comprometer más recursos propios a la dotación de infraestructuras para hacer 'más creíble' su 'exigencia permanente' de más inversiones a la administración central.