CGT denuncia una pérdida del 8,2% de poder adquisitivo en el sector público
El sindicato critica el pacto alcanzado por CCOO, UGT y CSIF con el Gobierno y alerta de un nuevo retroceso en las condiciones económicas de las empleadas y empleados públicos
Las personas trabajadoras del sector público han vuelto a perder poder adquisitivo en 2025, acumulando una merma del 8,2% respecto al IPC desde 2021, según denuncia CGT Andalucía, Ceuta y Melilla. El sindicato arremete contra los acuerdos firmados por CCOO, UGT y CSIF junto al Gobierno, a los que acusa de orquestar un nuevo retroceso salarial que afecta directamente a las economías familiares del personal público.
Según los datos expuestos por CGT, entre 2021 y noviembre de 2025 el IPC oficial acumulado alcanza el 21,1%, mientras que las subidas salariales pactadas para el sector público se han quedado en un 12,9%. Esta diferencia, sostiene la organización sindical, se traduce en una pérdida real de poder adquisitivo del 8,2%, un impacto que consideran especialmente grave en un contexto de encarecimiento sostenido de la vivienda, los suministros básicos y los productos de primera necesidad.
Desde CGT se critica que este nuevo escenario se intente “maquillar” con el abono de atrasos correspondientes a 2025 en algunas administraciones y empresas públicas durante la nómina de diciembre. A juicio del sindicato, esta medida no compensa la pérdida estructural de salario que se viene arrastrando año tras año y solo pretende suavizar el efecto de unas políticas que empobrecen progresivamente a las plantillas.
El comunicado denuncia además que, lejos de corregir esta tendencia de cara a 2026, los sindicatos firmantes han pactado una subida salarial del 1,5%, una cifra que CGT considera claramente insuficiente. En este sentido, contrasta esta subida con el incremento previsto para las pensiones, que alcanzará el 2,7% gracias a su vinculación directa al IPC, fruto —según destaca— de la movilización sostenida del colectivo pensionista.
La organización sindical sostiene que estos acuerdos suponen un golpe directo al derecho a la negociación colectiva y los enmarca en una estrategia más amplia de “intervencionismo” que ya tuvo precedentes, como el alargamiento de la edad legal de jubilación sin consulta a las personas trabajadoras. CGT acusa a los sindicatos firmantes de actuar como “gestorías sindicales” y de priorizar intereses propios frente a la defensa real de la clase trabajadora.
Ante esta situación, CGT Andalucía, Ceuta y Melilla lanza un llamamiento a la movilización y a la organización del personal del sector público para “romper con los sindicatos que traicionan” y plantar cara a lo que consideran un ataque directo al estado de bienestar. El sindicato advierte de que la continuidad de estas políticas salariales empuja a una parte creciente de la población trabajadora hacia los umbrales de la pobreza y reclama una respuesta colectiva para frenar lo que define como un deterioro constante de las condiciones de vida.