FISCALÍA

CGT insiste en pedir a la Justicia el cese de la delegada por sus incumplimientos laborales con el Plan de Empleo

CGT insiste en pedir a la Justicia el cese de la delegada por sus incumplimientos laborales con el Plan de Empleo
Reprsentantes de CGT, este miércoles en los Juzgados
Reprsentantes de CGT, este miércoles en los Juzgados

“Lo que esperamos es que a quien incumple la legalidad siendo representante de la administración no pueda seguir ni un segundo más representando a una administración que está siendo condenada reiteradamente por la Justicia"


La Central General de Trabajadores (CGT) ha insistido este miércoles en pedir la salida de la Delegación del Gobierno de su máxima responsables, Salvadora Mateos, por los incumplimientos reiterados en materia de derechos laborales en los Planes de Empleo. Así, su máximo cargo en Andalucía, el secretario general del sindicato, Miguel Montenegro, ha acudido esta mañana a entrevistarse con el Fiscal ante el que interpusieron denuncia por la situación. 

El sindicato pide para Mateos responsabilidades penales, habida cuenta que a pesar de tener más de 50 sentencias condenatorias por el asunto que, de forma resumida, señala que la Administración no ha cumplido la Ley al aplicar a los trabajadores y trabajadoras de los Planes de Empleo condiciones tanto en su desempeño laboral como en el económico que no se ajustan al cuarto convenio colectivo del personal laboral de la Administración General del Estado, el vigente, sigue incurriendo en el mismo incumplimiento plan de empleo tras plan de empleo.

“Lo que esperamos es que a quien incumple la legalidad siendo representante de la administración no pueda seguir ni un segundo más representando a una administración que está siendo condenada reiteradamente por la Justicia. Confiamos que la Fiscalía finalmente se pronuncie, desde luego lo remitirá al Juzgado de Lo Penal porque puede haber indicios penales que es lo que reclamamos. Pero desde luego lo que pedimos es que una persona que con su firma está avalando incumplimientos de la propia Constitución Española no puede seguir siendo un cargo público de la administración”, ha explicado Montenegro.

Según ha contado Montenegro tras entrevistarse con el fiscal que lleva su denuncia, las próximas actuaciones de Fiscalía pasan por “interrogar al secretario de la delegada del Gobierno y también tiene pensado hacer unas pesquisas entre los propios trabajadores y trabajadoras afectadas de los Planes de Empleo”.

“Lo que queremos es que de una vez por todas esto se resuelva”, ha apostillado Montenegro. Y es que los Planes de Empleo del curso 2021-2022 están próximos a finalizar y es ahora cuando empezarán a “tejerse” los próximos.

En ese sentido, Montenegro ha esbozado a su vez una queja por la lentitud del sistema judicial: “La queja que queremos mostrar públicamente con la situación de la Justicia en cuanto a los plazos para las celebraciones de las vistas o los juicios que se están planteando ;que no se está cumpliendo la ley reguladora de la jurisdicción social y se están poniendo juicios que debieran, conforme a la ley, señalarse en un plazo de 10 días pues se están poniendo a meses. Por ejemplo el conflicto colectivo que tenemos planteado por los Planes de Empleo 2021-2022 se nos ha señalado para noviembre. Igual que las demandas por despido de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento, también demandas por vulneración de derechos fundamentales, que también han sido señaladas para noviembre. Nos parece un despropósito. Es la mejor Justicia que tenemos en España porque no hay otra, pero si la Justicia que es quien debe garantizar el cumplimiento de la ley son los primeros que la incumplen, el sistema está fallando”, ha explicado Montenegro.

En lo referente a los Planes de Empleo, el secretario general de CGT Andalucía ha aludido a su vez a las reuniones que mantuvo el otoño pasado con la propia Mateos en las que expresó su compromiso de no volver a incurrir en lo mismo. “Sin embargo nos sorprendimos muchísimo cuando se hizo público el Plan de Empleo y se incurrían en las mismas discriminaciones. Porque estamos hablando de que los trabajadores y trabajadoras del Plan de Empleo, más de 700 personas, no se les respeta ni las condiciones económicas ni las laborales del cuarto convenio colectivo del personal laboral de la Administración General del Estado, algo expresamente prohibido por nuestra Ley, es una barbaridad, y de ahí que viniéramos a Fiscalía a pedir su amparo”, ha expresado Montenegro.

CGT insiste en pedir a la Justicia el cese de la delegada por sus incumplimientos laborales con el Plan de Empleo


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