Parecía que esta vez no, pero al final sí. La Ciudad Autónoma ha autorizado adelantar 225.000 euros a la concesionaria del servicio de transporte público en autobuses urbanos, la empresa 'Hadu-Almadraba', con cargo al montante de su convenio con Asuntos Sociales para 2021, que asciende a un total de 375.000, y así facilitar el pago de los atrasos que acumula su plantilla y garantizar el abono de las nóminas de abril.
Siguiendo el patrón habitual, al quedarse sin liquidez la compañía cortó el grifo de las retribuciones a sus trabajadores, que a su vez plantearon la consabida amenaza de huelga indefinida con la Ciudad en el centro de la diana de sus críticas (en principio desde el lunes, al final a partir de este miércoles) para obligar al Ejecutivo local a remover Roma con Santiago para evitar el conflicto.
Esta vez la voluntad política ha tenido que salvar también los reparos que ponía la Intervención a volver a abrir las arcas municipales si 'Hadu-Almadraba' no justificaba adecuadamente 200.000 euros recibidos el año pasado, pero al final se ha vuelto a hacer la luz y este lunes se ha aprobado el libramiento de fondos.
El ejercicio pasado se cerró con 375.000 euros pagados a 'Hadu-Almadraba' y 65.000 pendientes de abono, ya que durante cada ejercicio el Gobierno también suele aprobar una adenda al convenio que permite ofrecer billetes más baratos a determinados colectivos como pensionistas, desempleados o estudiantes. Para el abono de esas bonificaciones la empresa debe "presentar mensualmente la factura correspondiente por colectivos con relación de los usuarios beneficiados, el número de viajes y coste total”.
La empresa ha recibido una adjudicación directa por dos años más después de que terminase la concesión anterior sin que el servicio saliese a licitación. En la misma se establece que "hasta que se normalice el número de viajeros en la línea de la frontera”, cuyos beneficios permitían equilibrar “las pérdidas de otras líneas deficitarias [especialmente la 1 y la 5]”, la Ciudad estará obligada a “compensar mensualmente al concesionario por las pérdidas que arroje la cuenta de explotación”.
Sindicatos y partidos políticos de la oposición llevan años reclamando la municipalización del servicio, con unos 75 empleados (actualmente un tercio sigue en ERTE) como única solución viable para su mantenimiento y el de los puestos de trabajo mejorando la prestación para la ciudadanía sin tener que recurrir a aportaciones constantes de dinero público para salvar cada crisis puntual.