La Ciudad Autónoma va a externalizar por primera vez la atención a menores extranjeros no acompañados (MENA). La Administración ha rematado con su adjudicación a la Fundación SAMU la licitación del servicio de acogimiento residencial de sesenta plazas para niños migrantes. Esa entidad andaluza ha sido la única que concurrió a los cuatro lotes de quince jóvenes cada uno en que se dividió el concurso para garantizar que pudiesen concurrir empresas al mismo.

SAMU tiene experiencia y muchos recursos en este ámbito. A finales de 2018 atendía en 16 centros repartidos por distintas provincias de Andalucía a unos 560 menores que habían llegado de forma clandestina a España sin la compañía de un adulto. Dispone de Unidades de Acogida Temporal de Emergencia (UATE), centros de Atención Inmediata y centros de Atención Residencial Básica (ARB).

Esta fundación fue también la que instaló en los bajos del Centro de Realojo Temporal de ‘La Esperanza’ los módulos prefabricados (‘iglús’) a los que recurrió por emergencia la Ciudad como solución transitoria para poder albergar en condiciones a todos los adolescentes de origen marroquí (sobre todo) y subsahariano que recibió en la segunda mitad de 2018.

Ahora esos módulos serán desmontados y SAMU deberá dar alojamiento, manutención y formación a sesenta MENA durante seis meses (prorrogables por otros tantos) a razón de 818.000 euros cada medio año. Su oferta se ha situado muy ligeramente por debajo del presupuesto base de licitación (854.736 euros calculados a partir de un importe de 79,14 euros por niño migrante albergado y día) y la Administración local prevé formalizar el contrato a mediados de julio.

La adjudicataria debe garantizar a los jóvenes "un ambiente lo más parecido al hogar familiar dentro de las características del centro para posibilitar su integración social y laboral”

La empresa quedará obligada a garantizar “una asistencia y tratamiento especializado a los menores” con las atenciones de “alojamiento, alimentación, vestuario, sanitarias, sociales, de formación, aprendizaje y psicopedagógicas que sean necesarias para su desarrollo integral en un ambiente lo más parecido al hogar familiar dentro de las características del centro para posibilitar su integración social y laboral”.

La atención a los jóvenes deberá “responder a las necesidades propias derivadas de su procedencia y su identidad cultural, lingüística, religiosa, etcétera, inspirándose en los principios de convivencia, integración y normalización, sin prácticas segregadoras o discriminatorias”. Si alguno de los jóvenes acogidos se fugase los hechos deberán “denunciarse” ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dar parte igualmente al Área de Menores de Ceuta.

Las instalaciones en las que se dé alojamiento a los MENA, que previsiblemente serán elegidos entre aquellos con edades más próximos a la mayoría de edad, tendrán que estar “acreditadas por la entidad pública competente en el territorio en el que se encuentren ubicadas” y disponer de plazas vacantes suficientes. Los ingresos se producirán por resolución administrativa de acogimiento residencial, ejerciendo el director del Centro de destino la guarda de los menores y manteniendo la Ciudad su tutela.