El Gobierno local admite que la implantación de la ZBE avanza lentamente por el impacto que tendría sobre la movilidad en Ceuta y porque la ciudad ya cumple con buenos niveles de calidad del aire
La implantación de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Ceuta continúa avanzando, aunque a un ritmo mucho más lento del inicialmente previsto. El portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, reconoció este martes tras el Consejo de Gobierno que el expediente sigue en tramitación, pero dejó claro que la Ciudad no considera prioritaria una medida que, a juicio del Ejecutivo, podría generar más perjuicios para los ciudadanos que beneficios reales sobre la calidad del aire.
El Gobierno ceutí mantiene así una posición de cautela respecto a una obligación derivada de la normativa estatal. Ramírez insistió en que Ceuta parte de una situación muy distinta a la de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, ya que los datos de contaminación atmosférica registrados en la ciudad son actualmente “muy buenos” gracias a sus propias características geográficas y a las mediciones de las estaciones de control instaladas.
“El objetivo de la Zona de Bajas Emisiones es reducir de manera drástica la contaminación del aire, pero Ceuta tiene una muy buena calidad ambiental”, defendió el portavoz, que reiteró que aplicar restricciones severas al tráfico en una ciudad pequeña y con pocas alternativas viarias podría acabar afectando de forma importante al día a día de los ciudadanos.
El Gobierno ve difícil trasladar el modelo de grandes ciudades a Ceuta
Ramírez explicó que una de las principales dificultades radica en las propias dimensiones de Ceuta. Mientras en grandes capitales las restricciones pueden limitarse a zonas céntricas muy concretas, en la ciudad autónoma cualquier perímetro de bajas emisiones afectaría inevitablemente a vías esenciales para la circulación.
“Madrid puede cerrar parte del centro porque tiene una movilidad enorme y múltiples alternativas. Aquí cualquier cierre afecta a arterias principales”, resumió el portavoz municipal, que incidió en que el Ejecutivo sigue analizando técnicamente hasta qué punto la implantación de la ZBE compensaría el impacto sobre vecinos y conductores.
El Gobierno ya dispone, no obstante, de borradores de las ordenanzas necesarias para poner en marcha el sistema. El expediente incluye además la instalación de cámaras automáticas para controlar el acceso de vehículos, un mecanismo obligatorio por ley y que implicaría también la tramitación automatizada de sanciones para quienes entren sin la etiqueta ambiental correspondiente.
Precisamente esa infraestructura tecnológica y la carga administrativa asociada son otros de los elementos que están ralentizando el proyecto. Ramírez admitió que la Ciudad también está evaluando cómo asumir el volumen de expedientes sancionadores que podría generar la ZBE.
Un expediente complejo que sigue adelante pese a las dudas
Pese a las reservas mostradas por el Ejecutivo, el portavoz dejó claro que la Ciudad no paralizará el expediente. “Habrá que sacarlo adelante porque al final es una ley”, afirmó Ramírez, aunque insistiendo en que la tramitación será lenta debido a la complejidad normativa y técnica del proceso.
El Gobierno local entiende que el actual modelo estatal no diferencia suficientemente entre territorios con elevados niveles de contaminación y otros como Ceuta, donde los indicadores ya cumplen con los objetivos ambientales. Esa es precisamente una de las cuestiones que, según explicó el portavoz, se sigue analizando internamente.
La implantación de la Zona de Bajas Emisiones lleva meses sobre la mesa de la Administración local. Ya en diciembre de 2025 el Ejecutivo anunció que trabajaba en el desarrollo de este instrumento dentro de una estrategia más amplia de movilidad sostenible que incluía también nuevas peatonalizaciones y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Sin embargo, varios de aquellos proyectos continúan todavía en fases preliminares o pendientes de definición técnica. En el caso concreto de la ZBE, la sensación trasladada este martes por el portavoz municipal es que el Gobierno sigue sin encontrar el equilibrio entre cumplir con las exigencias legales y evitar un impacto excesivo sobre una ciudad donde el vehículo privado sigue siendo fundamental para la movilidad diaria.
