Como cada año por estas fechas, el Gobierno cumple con lo que ya es una tradición: convocar un concurso, casi siempre exprés y siempre fallido, para cubrir la “vacante” del puesto de Secretaría General. Un concurso que, cada año, como manda la tradición, no tiene respuesta y la actual secretaria accidental., María Dolores Pastilla, sigue en su puesto, pese a las muchas denuncias sindicales (en especial desde UGT) y pese al tirón de orejas anual del Tribunal de Cuentas por su falta de habilitación para el puesto y su irregular designación.

La Ciudad anunciaba este pasado 26 mes de marzo la vacante del puesto de Secretaría de la Ciudad Autónoma de Ceuta, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación nacional: “Se hace pública la necesidad de su cobertura de manera temporal, mediante alguna de las formas previstas en los artículos 48 y siguientes del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional”.

“Un simulacro”, desmienten fuentes de UGT. La clave está en el escueto margen para responder a la convocatoria, que finalizaría el próximo 5 de abril, y el corto alcance del anuncio, publicado solo en Málaga, señalan: “Los funcionarios habilitados interesados disponen de un plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Málaga”. Un escueto margen y un nuncio con poco recorrido que volverán a permitir al Gobierno argumentar que la actual secretaria en funciones "accidentales" sigue siendo imprescindible que se mantenga en su puesto, pese a que no reúne las condiciones legales ni accedido al puesto en libre concurrencia. Una ilegalidad enquistada desde hace muchos años y que si ningún candidato aparece para remediarlo seguirá un año más.

El puesto de la Secretaría General del Gobierno de Ceuta, al igual que la plaza de Interventor, llevan muchos años, más de dos décadas, cubiertos de forma “accidental” por libre designación y sin la habilitación nacional necesaria para cubrir ese puesto. Una irregularidad manifiesta que el Tribunal de Cuentas (Tcu) lleva años señalando en su sus informes anuales. Cada año, en su informe correspondiente, el Tribunal de Cuentas recuerda al Gobierno de la Ciudad que debe sacar a concurso las plazas de interventor y secretario general, ambas ocupadas de forma provisional desde  hace casi dos décadas pese a que la Ley exige que sean en propiedad para garantizar su independencia, al tratarse de dos puestos que han de fiscalizar la legalidad de la acción del Gobierno. La Ley precisa claramente que estos puestos han de ser ocupados por personal con habilitación nacional, cuando la realidad es que ambos están ocupados de forma accidental con funcionarios no habilitados y designados a dedo para ese puesto y desde hace casi dos décadas.