El Gobierno de Vivas tardó 53 meses en empezar a quitarle dinero a Trace bajo la acusación de no hacer bien su trabajo, hasta principios del verano del año pasado, pero desde entonces no ha parado. Con el primer sistema de revisión, el que se basaba en analizar si los recursos humanos y materiales estaban donde, según los Pliegos, debían estar, y con el nuevo, que parte de una "obligación de resultado", esto es, de si la ciudad está o no limpia.

Ahora para medir la limpieza pública se deben tomar “al menos 40 muestras o medidas” cada mes en puntos “distribuidos de manera aproximadamente uniforme por todo el territorio del contrato” con una superficie de 250 metros cuadrados y, ahí, detectar la presencia de residuos inorgánicos (pequeños, medianos o grandes), residuos orgánicos, residuos en alcorques, excrementos de animales, papeleras (vacías, sin vaciar pero sin rebosar o rebosante) y residuos alrededor de contenedores.

Después, contar los residuos localizados en el tramo observado y aplicar a cada tipo de residuo un factor de grado de importancia dependiendo de sus dimensiones, su origen y su ubicación. Todo cuenta. El Protocolo de valoración de la limpieza establece que los residuos inorgánicos que sean localizados en la zonas revisadas se deben clasificar en pequeños (inferiores a un paquete de cigarrillos), medianos (superiores o iguales a una cajetilla de tabaco no arrugada pero inferiores a un folio, por ejemplo una bolsa de plástico vacía) o grandes (una caja de cartón, un periódico, botellas de un litro o superiores...). Con los orgánicos hay que hacer algo parecido. Los alcorques deben catalogarse como limpios (con menos de cinco residuos pequeños), algo sucios, sucios o muy sucios (con 30 ó más pequeños, más de dos medianos o uno grande). Con las heces de mascotas debe contabilizarse cada excremento como unidad “salvo que procedan del mismo animal”.

A los factores de limpieza pública se suma un índice de equipo (sobre vehículos y personal) y otro de limpieza y mantenimiento de contenedores. En el caso de los equipos debe analizarse el aspecto de la maquinaria, si los automóviles hacen un ruido excesivo y si la uniformidad de los trabajadores es reglamentaria y decorosa. Con respecto a los contenedores se impone tener en cuenta si los lugares expresamente acondicionados para dejar las basuras están rotos, quemados, deteriorados o especialmente sucios (grafitis, pintadas, carteles...).

Para medir la limpieza pública se deben tomar “al menos 40 muestras o medidas” cada mes en puntos “distribuidos de manera aproximadamente uniforme por todo el territorio del contrato” con una superficie de 250 metros cuadrados

El nuevo sistema de evaluación ha sido firmado por el consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, y el responsable del contrato de limpieza pública viaria y recogida de residuos, Yamal Dris, y se traduce en un ‘Protocolo de sistema de control de servicio y plan de calidad’ de la encomienda adjudicada a Trace hace ahora cinco años y medi.

Para la UTE, que en ocasiones ha dicho sentirse "perseguida" por el Ejecutivo de Vivas, el control de un contrato "de gestión de servicios" se debe, por coherencia, fundamentar “en el examen y la toma de medidas en las áreas y rutas afectadas, diferenciando las actividades de limpieza viaria, recogida de residuos y limpieza y mantenimiento de contenedores” y el cálculo de las detracciones o descuentos en concepto de “servicios no prestados”, articularse en torno a “parámetros objetivos que tienden al nivel de limpieza y recogida obtenido con la labor llevada a cabo.

Aunque Trace ha seguido siendo sancionada, desde su punto de vista este nuevo mecanismo de control "colma las lagunas existentes en los Pliegos rectores del contrato a la hora de determinar el sistema de cálculo de pagos al adjudicatario”, ya que según la concesionaria estos ni siquiera definían “los parámetros que permitan apreciar que un servicio se haya de reputar como prestado o no y, en consecuencia, sin establecer método de cálculo alguno para la práctica de detracciones en las correspondientes certificaciones mensuales”.

El enfrentamiento abierto que desde hace meses separa a la Ciudad de la concesionaria, antes uña y carne, está pendiente de un dictamen del Consejo de Estado que resuelva, entre otros extremos, si su relación debe considerarse un contrato de servicios o de gestión de servicios y si debe extinguirse a los 6 años, que se cumplirían el próximo mes de febrero.