Los técnicos de la Ciudad que manejan los expedientes abiertos en otoño para romper con Trace, como acordó en septiembre el Pleno y como pidió en octubre la concesionaria del servicio de limpieza pública viaria y recogida de residuos, han cifrado en una cantidad "cercana a los 12 millones de euros" el coste al que podría dispararse para las arcas públicas un divorcio amistoso de la concesionaria a través de una ruptura contractual de mutuo acuerdo.
La Administración maneja informes de los abogados de postín que ha contratado Trace y a los que Vivas también dijo que se recurriría que alumbran como posible la hipótesis de llegar a un pacto, salida que no todos los expertos en la Asamblea veían factible una vez que se ha acumulado más de un año de detracciones en sus certificaciones mensuales a la empresa con el argumento de que no hacía su trabajo como exigían los Pliegos.
Trace, que hace seis años (se cumplen este viernes) sustituyó a Urbaser en este servicio asumiendo un contrato para diez años prorrogable por otros tantos, lleva meses clamando contra esos descuentos, que suman unos cuatro millones de euros y que, por supuesto, exige que se le abonen esas cantidades, desde su punto de vista restadas de forma indebida y judicialmente ganable porque se han practicado "en función de la presencia de operarios ejecutores y no del grado de limpieza y recogida alcanzado”.
El ajuste por la maquinaria (“el valor pendiente de amortizar de las inversiones realizadas para la ejecución del contrato” añadiría "cerca de cuatro millones de euros más" a favor de Trace, según las fuentes consultadas por Ceutaldia.com, y el resto de "flecos", nada desdeñables, otro tercio similar por distintas reclamaciones ligadas al alquiler de maquinaria al principio de la prestación debido al estado supuestamente inservible de la heredada de Urbaser, subidas salariales aplicadas desde 2013, etcétera.
La Administración, que durante cuatro años pagó religiosamente y de repente, en verano de 2017, dejó de hacerlo hasta el otoño pasado, cuando los responsables del contrato cambiaron y con ellos el criterio aplicado, podría forzar una pelea judicial que sería de imprevisibles consecuencias a la luz de la supuesta debilidad de los procedimientos seguidos por la Ciudad, que tendría además que enfrentarse a reclamaciones por lucros cesantes e indemnizaciones.
En octubre ya lo dejó negro sobre blanco: pidió “indemnizar el lucro cesante, es decir, los beneficios futuros que vaya a dejar de percibir el contratista” calculados "sobre los resultados de los últimos años neutralizando los efectos negativos de la actuación de la Administración (deducciones irregulares, modificación unilateral añadiendo más servicios e incorrecta configuración de los Pliegos)”..
Tras barajar sin éxito la opción de dejar el servicio temporalmente en manos de Tragsa mientras se licita un nuevo concurso (podrían ser dos años o más), una posibilidad que supuestamente han descartado argumentos legales, la única posibilidad, por surrealista que suene, sería que Trace siguiese ejecutando los servicios que, a precios unitarios y sin someterse ya a lo regulado en los Pliegos del contrato, le encargue el Gobierno de la Ciudad.
