Nos costó a los ceutíes la friolera de cuatro millones de euros. El Gobierno local la anunció a bombo y platillo como "la mayor campaña de asfaltado acometida en Ceuta hasta la fecha". Aunque algo más ambiciosa, al final, no distó demasiado de aquellas otras tantas que el Partido Popular ha programado históricamente en vísperas de las citas electorales.

Dio inicio a principios del pasado curso, tan solo unos meses antes de que la ciudadanía caballa acudiera en masa a las urnas en el contexto de las autonómicas. El objetivo era el esperado: "Rehabilitar y mejorar diversas calzadas". La idea de la Ciudad pasaba por hacer llegar esa premisa a un total de cincuenta y cinco vías; una cifra de auténtico récord.

La primera zona por la que pasaron las asfaltadoras fue la carretera de Benítez; la última -en junio-, El Sarchal. En todos los casos, las tareas se centraron en la "eliminación parcial de una parte del firme existente" y en una posterior "reposición con mezcla bituminosa" (alquitrán) mediante la que se perseguía "llegar hasta la cota anterior".

Desde el Ayuntamiento, dijeron que la pretensión no era si no "restaurar las características superficiales del pavimento para adecuarlas a sus necesidades funcionales y de durabilidad". "Se trata de una intervención que mejorará el estado de nuestras carreteras y, por extensión, la seguridad de vehículos y peatones", incidió el Ejecutivo vía comunicado.

Como sucede cada cuatro años, los más escépticos -aquellos que no creen en las casualidades- atribuyeron la decisión a la cercanía de esos comicios en los que el PP volvería a erigirse en primera fuerza política. Ya lo dice ese dicho que circula por redes sociales: "¿Huele a asfalto fresco? Año de elecciones" (aún no forma parte del siempre acertado refranero español, pero tiempo al tiempo).

Cabe mencionar que el runrún no se circunscribió a los bares y cafeterías; también llegó a la política. Al poco tiempo de producirse el anuncio, MDyC salió a escena para hacer aquello que tanto le gusta: criticar al "desgobierno de Juan Vivas". La formación que comanda Fatima Hamed no dudó en tachar la iniciativa de "electoralista", arguyendo, incluso, que se trataba de "una venta de humo".

El pasado febrero, el Movimiento volvió a pronunciarse públicamente para denunciar lo que su cúpula calificó como "un parcheo". En esta línea, los localistas atacaron a la Administración por haber dejado las labores "a medias", asegurando que "muchas zonas han quedado sin asfaltar". Al margen de la atribución electoral (que cada cual valore), el partido tiene razón en una cosa: la campaña no ha sido la panacea.

Poco antes de empezar a arreglar baches y socavones, la antigua Consejería de Fomento y Turismo renovó parte de la red semafórica y, con ello, mandó colocar a ambos lados de determinados pasos de peatones unas luces LED que cambiarían de color cada vez que lo hiciera el semáforo de turno. La idea era sencilla: que aquellos que estuvieran mirando al suelo o pendientes del teléfono móvil supieran cuándo era momento de cruzar la calle. El problema es que, como tantas y tantas obras similares, la que hoy nos ocupa no se hizo del todo bien...

Por más que el Gabinete de Vivas diga lo contrario, la realidad es que, al momento de alquitranar, casi nunca se elimina la capa de asfalto que ya existe. Si tienes carnet de conducir y eres de los que cogen el coche -o la moto- habitualmente, te habrás percatado de que, cada vez que el Ayuntamiento se decide a pavimentar, las tapas de las alcantarillas quedan ligeramente soterradas. Eso es justo lo que sucedió con esas señales lumínicas que estaban llamadas a facilitarnos la vida: sus bombillas acabaron enterradas.

Ha transcurrido casi un año desde tan incomprensible pifia, pero, como suele decirse, 'más vale tarde que nunca'. Tras largos meses de aparente inmovilismo, el pasado 11 de marzo, el PP se decidió -por fin- a devolver las luces a la superficie que pisamos. La empresa que ha recibido la encomienda de enmendar la plana se llama 'Tusser Ingeniería y Obras', una pyme autóctona especializada en la "realización de trabajos de construcción, rehabilitación, reforma y decoración de bienes inmuebles".

En el contrato suscrito entre la mercantil y el área de Fomento, se especifica que el objeto de este mismo son unas "obras para la sustitución de balizas en calzada". Eso y la "instalación de nuevos cuadros eléctricos para el servicio de alumbrado público". Ambas partes alcanzaron el acuerdo el 25 de enero del año en curso. Tal y como se detalla en el documento, el Gobierno recibió tres ofertas. Como en todo concurso que se precie, al final, la parcela que encabeza Alejandro Ramírez se decantó por la más económica de todas.

"Deben ser entre 15 y 30.000 euros", apuntaban fuentes oficiales. Consultado el contrato, el monto final asciende a un total de 42.625 machacantes. "Es una actuación derivada del programa de asfaltado que no se incluyó en aquel momento", detallaba la Ciudad, confirmando, así, que la negligencia es consecuencia directa de la falta de previsión.

Según Fomento, la actuación en cuestión "abarca un total de treinta y seis calles". En aquellas en las que ya había luces, la Administración local aprovechará para reducir el impacto visual de las mismas a petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que reclamó en su momento que se atenuase ligeramente su luminosidad.

Las tareas han empezado por La Marina. El Ejecutivo local asegura que estas no se demorarán más allá de "un par de semanas". Quienes están faenando sostienen que el lapso será de "veinte días". En la Plataforma de Contratación del Sector Público, se habla de un plazo de ejecución de "dos meses". Como siempre, habrá que esperar para ver quién de los implicados está en poder de la verdad.