La Consejería de Hacienda ha comunicado a los grupos de la oposición en Comisión Informativa que ha pedido a la Abogacía del Estado un informe jurídico sobre la interpretación que, atendiendo al criterio de un experto externo y contra la opinión de los técnicos de la Administración, se ha dado a las cláusulas del Pliego del contrato de limpieza pública viaria vigente para concertar un nuevo Plan de Servicios que conllevará el abono de 1,4 millones de euros más a Trace para realizar trabajos extra de desinfección a lo largo de este año y mientras dure la pandemia.

El MDyC denunció que los técnicos de Intervención y Contratación de la Ciudad se pronunciaron en contra de ese encargo al entender que supondría una ampliación irregular del contrato por exceder el 10% máximo legal incrementable, supuestamente ya agotado desde 2013.

Según fuentes de la Ciudad esos mismos departamentos fueron los que recomendaron pedir opinión al jurista Tomás Ramón Fernández, que entendió que sí era viable el nuevo Plan de Servicios firmado por Chandiramani el 1 de marzo.

Así lo dictaminó en base a su interpretación legal de la redacción de los Pliegos, que estipula que las revisiones “no serán consideradas, a los efectos que procedan, modificaciones del contrato” siempre que se hagan “respetando el equilibrio económico de la explotación” y a “los precios unitarios resultantes de la licitación”.