MODIFICACIÓN INVIABLE

El Comité de Trace exige mantener plantilla tras vetar la Abogacía del Estado la ampliación de servicios

El Comité de Trace exige mantener plantilla tras vetar la Abogacía del Estado la ampliación de servicios
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Imagen de recurso.
El dictamen encargado por el Gobierno para mediar entre la Dirección Facultativa y un jurista externo, por un lado, y los departamentos de Intervención y Contratación, por otra, concluye que el encargo de tareas contra la COVID-19 por 1,4 millones es una modificación inviable del contrato de limpieza, que agotó en 2015 el margen legal del 10%. Gutiérrez exige que el Ejecutivo use alguna de las alternativas que ofrece y no destruya empleo.

La Abogacía del Estado, cuyo dictamen se comprometió a asumir el Gobierno de Ceuta, ha dejado en vía muerta la ampliación de servicios de limpieza pública viaria para combatir la COVID-19 que el MDyC denunció públicamente como una inyección de dinero público a una empresa privada, Trace, "sin justificación ni informes. Así lo ha anunciado este martes el líder de Caballas, Mohamed Ali, que ha asegurado en Twitter que "dice que el Plan de Servicios de 1,4 millones que aprobó el Gobierno sin atender a los técnicos es ilegal”.

La misma información, algo más precisa, tiene el presidente del Comité de Empresa de Trace, Juan Gutiérrez (UGT), quien ha advertido que el órgano de representación “no va a dar un paso atrás” en lo que a la defensa de “todos” sus puestos de trabajo se refiere, por lo que ha urgido al Gobierno de Ceuta a “utilizar alguna de las vías que le ofrece el informe” para no dejar en la calle a los 30 trabajadores incorporados como eventuales ni volver a recortar a tiempo parcial las jornadas de 20 compañeros.

“Ni el Comité ni la plantilla vamos a dar un paso atrás: quienes están trabajando deben seguir trabajando y la obligación del Ejecutivo es optar por alguna de las alternativas que existen”, ha apuntado el sindicalista, “para no destruir los treinta empleos eventuales creados ni perjudicar a los veinte trabajadores que llevaban un montón de años con contratos a media jornada y por fin han conseguido ampliarla a 35 horas semanales”.

El Ejecutivo local prevé dar cuenta este miércoles a la oposición y acto seguido a la ciudadanía en rueda de prensa del contenido del informe de la Abogacía del Estado, que según Gutiérrez "apunta a que la ampliación de servicios no se hizo correctamente, pero al mismo tiempo da tres posibles alternativas para darles continuidad por emergencia, recurriendo a un medio propio o con otras soluciones administrativas”.

Ali se ha quedado "esperando a que el Gobierno diga quién y cuándo va a devolver a las arcas públicas los 15.000 euros que se pagaron temerariamente a un catedrático octogenario” por pronunciarse, hace ahora un año, “sobre la interpretación de la cláusula 36 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos domésticos de la Ciudad”.

Literalmente establece que es facultad de la Administración “revisar el Plan de Servicios al objeto de contemplar las nuevas necesidades u otras contingencias que surjan” y que dichas variaciones “no serán consideradas, a los efectos que procedan, modificaciones del contrato”.

Dado que en 2015 el Ejecutivo local ya introdujo una modificación al alza que agotó el margen legal del 10% de su cuantía, la contratación de trabajos adicionales para evitar contagios de la enfermedad del coronavirus con más baldeos y desinfecciones de espacios públicos fue rechazada por los departamentos de Contratación e Intervención al entender que suponía de hecho otra modificación del contrato.

La Dirección Facultativa apeló, sin embargo, a esa cláusula y a la interpretación que de la misma había hecho Fernández para tramitar la variación del Plan de Servicios por 1,4 millones hasta finales de 2021 como si se tratase de un simple reajuste, algo que rechaza la Abogacía del Estado.

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